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Una polémica resolución extiende la vida útil de los colectivos modelo 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, generando alivio para las empresas y dudas sobre la modernización del servicio público.
La Resolución N° 65/SECT/26 del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño acaba de tirar una bomba en el sector del transporte: los colectivos modelo 2015 que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán seguir circulando hasta el 31 de mayo de 2026. Esto significa una extensión de la vida útil para miles de unidades inscriptas en el Registro Único del Transporte Automotor de Pasajeros (RUTAP).
Se posterga la fecha límite para la renovación de una parte significativa de la flota de transporte público, que habitualmente tiene un período de operación determinado por normativas de antigüedad vehicular. Esta medida permite a las empresas seguir utilizando vehículos que, bajo las reglas anteriores, deberían haber sido reemplazados.
Para las empresas de transporte, es un respiro financiero enorme, ya que evita la inversión millonaria en nuevas unidades en un contexto económico complejo. Esto podría ayudar a estabilizar los costos operativos del sector. Sin embargo, para los usuarios, podría implicar una flota menos moderna, con potenciales impactos en la comodidad, la seguridad y la calidad general del servicio. La medida, aunque busca mitigar costos para las operadoras, abre el debate sobre la prioridad entre la sustentabilidad económica del sector y la calidad de la experiencia del pasajero.
El sector del transporte público viene arrastrando problemas de rentabilidad y costos elevados, lo que lleva a las autoridades a buscar soluciones que mantengan la operatividad sin un colapso financiero. Esta prórroga es una medida paliativa que busca dar oxígeno a las compañías. Sin embargo, puede retrasar la adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles en el transporte público, generando un dilema entre el alivio económico inmediato para las empresas y la necesaria modernización de la infraestructura y el servicio para los ciudadanos a largo plazo. Es crucial que el Gobierno de CABA garantice que esta extensión no comprometa la seguridad y el mantenimiento de las unidades.
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