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Un revés burocrático deja a una empresa constructora sin la ansiada redeterminación de precios para una obra hospitalaria en Almirante Brown. La razón: una solicitud fuera de término que genera un impacto negativo y dispara las alarmas sobre la rigidez administrativa.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires ha vuelto a mostrar su mano dura con los plazos, y esta vez la víctima es la empresa JOSÉ LUIS TRIVIÑO S.A. Un error en el timing de la presentación de papeles le costó caro, muy caro, a la constructora a cargo de la crucial obra de “Puesta en norma y valor Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Oñativia” en Rafael Calzada, Almirante Brown.
La firma había solicitado la octava y novena Redeterminación Definitiva de Precios, un mecanismo vital para ajustar los costos de las obras públicas frente a la inflación y las variaciones económicas. Sin embargo, la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública fue lapidaria: el pedido fue rechazado por haber sido presentado "fuera de término", incumpliendo el artículo 25 de la Resolución N° 235-E-GDEBA-MIYSPGP/2017.
"Rechazar la solicitud de Redeterminación Definitiva de Precios presentada por la empresa JOSÉ LUIS TRIVIÑO S.A. ... por los motivos expuestos en los considerandos", sentencia la resolución N° 72-SSOPMIYSPGP-2026.
Este tipo de decisiones tiene un impacto directo y negativo en la rentabilidad de las empresas constructoras, que ven cómo la burocracia puede desbaratar años de planificación y ejecución. Una redeterminación de precios no es un capricho, sino una necesidad en contextos de alta inflación, para asegurar la continuidad y calidad de las obras. La rigidez en los plazos, aunque legal, puede generar tensiones en la relación entre el Estado y sus contratistas, y en última instancia, afectar la finalización de proyectos clave para la comunidad.
La negativa a ajustar los precios de una obra hospitalaria levanta interrogantes sobre quién asumirá el costo de esta decisión. ¿La empresa, con un margen de ganancia reducido o incluso pérdidas? ¿O podría derivar en demoras o conflictos que terminen perjudicando a los pacientes y a la comunidad de Almirante Brown que espera la mejora de su hospital?
La Dirección Provincial de Arquitectura deberá notificar a la empresa, que ahora enfrenta un escenario financiero complejo para esta obra. Este caso es un recordatorio brutal para todas las empresas que contratan con el Estado: los plazos son fatales y la letra chica, implacable. La supervisión de los expedientes debe ser milimétrica para evitar estas dolorosas sorpresas.
