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El OPISU adjudica una megacobra de $2.000 millones en Morón, mientras rechaza un recurso por multas millonarias a una constructora en La Matanza por atrasos en viviendas sociales. ¿Entre el avance y la sanción, cuál es el verdadero pulso de la obra pública?
El Boletín Oficial de hoy nos trae un combo explosivo en materia de obra pública, revelando la doble cara de la gestión provincial. Por un lado, la Resolución N° 90-DEOPISU-2026 celebra la adjudicación de la Licitación Pública N°30/2025 a la firma SOTERRA INGENIERIA S.R.L. (CUIT 30-71619384-1) por la friolera de $1.997.920.910,88. El objetivo: el ambicioso proyecto de "Equipamiento Comunitario y Espacios Públicos Neuquén - Namuncurá. Barrio Pte. Sarmiento" en Morón, con un plazo de ejecución de 210 días. Esta obra se enmarca en el Convenio de Préstamo No. BIRF 8991-AR, el "PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN URBANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)", prometiendo mejoras significativas en la calidad de vida de los vecinos.
Por otro lado, las Resoluciones N° 94-DEOPISU-2026 y 1562/85 muestran la mano dura de la Provincia. Se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por PMP CONSTRUCCIONES S.R.L., confirmando una multa por atrasos en la obra "Reurbanización San Petersburgo Etapa I" en La Matanza. La empresa había sido sancionada con una multa del 0,05% por cada día de mora sobre el monto del contrato, debido a una disminución del 7,86% en la curva de inversiones atribuible a la contratista, lo que significó 12 días de demora en diciembre de 2025.
La constructora alegó falta de detalle en los incumplimientos y un "abuso de los derechos" del organismo. Sin embargo, el OPISU fue contundente: las intimaciones previas detallaron los ítems con atraso, desde albañilería hasta redes de servicios, y la sanción se ajustó a la normativa vigente. La obra en La Matanza, que incluye 48 viviendas, locales comerciales e infraestructura básica, es crucial para el derecho a una vivienda digna y el interés público es primordial. Este caso es una advertencia clara para todas las constructoras: el Estado no dudará en aplicar sanciones por incumplimientos, especialmente en proyectos de alto impacto social. Las empresas POSE S.A. (CUIT 30-70910712-3), PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. (CUIT 30-71101956-8) y la U.T. TECMA S.A. (CUIT 30-62386652-8) - GUIGUIVAN S.R.L. (CUIT 30-71496159-0) vieron sus ofertas rechazadas por desventajosas o por no cumplir los criterios mínimos.
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