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El Gobierno homologa una cascada de acuerdos de suspensiones en transporte, automotriz, hotelería y gastronomía. Miles de trabajadores afectados por la crisis que azota a la producción y los servicios. ¿Hasta cuándo durará la tregua?
Una ola de malas noticias para el empleo sacude al país. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, acaba de homologar múltiples acuerdos de suspensiones en sectores clave de la economía. Las Disposiciones 278, 277, 276, 275, 280 y 194/2024 confirman un patrón preocupante: empresas que, ante la crisis, suspenden personal con el pago de una prestación no remunerativa bajo el polémico Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Este mecanismo permite a las empresas reducir drásticamente sus costos laborales sin llegar a despidos, activándose con el "consentimiento tácito" de los sindicatos. Estos prefieren mantener el vínculo laboral, aunque con salarios reducidos, antes que enfrentar despidos masivos. El Gobierno, al homologar, exime a las empresas de iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis, un paso obligatorio, argumentando que el acuerdo sindical ya es un reconocimiento de la situación crítica.
Las empresas y sindicatos afectados incluyen: LI JACK S.A. (con SMATA), EMPRESA EL CONDOR S.R.L. (con UTA), GREAT CARS S.A. (con SMATA), TRANSPORTE AMANCAY S.R.L. (con UTA) y múltiples empresas de FEHGRA (con UTHGRA).
Estos acuerdos golpean a industrias como el transporte, la metalmecánica, concesionarias de autos, hotelería y gastronomía. La medida, si bien busca preservar los puestos de trabajo, implica una fuerte caída en los ingresos de los trabajadores y un freno en la actividad económica. El Estado, al homologar, convalida la situación de emergencia que atraviesan estas industrias.
Para los ciudadanos, estas homologaciones son un claro indicador de la fragilidad del mercado laboral. Reducción de ingresos e incertidumbre sobre el futuro laboral generan un impacto negativo en la confianza y el consumo. Es crucial que los trabajadores afectados conozcan sus derechos y que el Estado monitoree de cerca estas situaciones para evitar abusos.
"La homologación de estos acuerdos es un reflejo de la delicada situación económica que atraviesan muchas empresas, obligadas a tomar medidas drásticas para sobrevivir", afirmó un analista cercano al Gobierno.

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