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El Ministerio de Transporte bonaerense lanza una licitación por más de $800 millones para adquirir nuevas cabinas de fiscalización vial. ¿Se viene una ola de multas o una verdadera mejora en la seguridad? La polémica ya está en marcha, con un detalle temporal que genera dudas.
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires acaba de publicar una explosiva resolución del Ministerio de Transporte que autoriza el llamado a Licitación Pública N° 1/26. El objetivo: la adquisición de siete (7) cabinas fijas de control y fiscalización vial con una cifra que hace temblar las arcas: ochocientos dos millones ochocientos noventa mil dieciocho pesos ($802.890.018,00). Y agárrense, porque el contrato podría duplicarse.
La medida, que se ampara en la Ley N° 13.981 y decretos reglamentarios, busca supuestamente "mejorar la seguridad vial" y "reforzar la presencia operativa" del Ministerio. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la instalación de más cámaras suele traducirse en una cosa: más multas. Esto impacta directamente en los conductores de la Provincia de Buenos Aires, que verán un incremento en los controles y, potencialmente, en las infracciones detectadas.
Para las empresas del sector tecnológico y de seguridad vial, esta licitación representa una oportunidad de oro, aunque el monto y la posibilidad de ampliación del contrato ya levantan sospechas sobre la transparencia del proceso.
Un detalle que no pasa desapercibido y genera gran controversia es la confusión temporal: la licitación se denomina "N° 1/26", sugiriendo el año 2026, pero la apertura de ofertas está fijada para el 11 de marzo del corriente año (2024). ¿Un error administrativo de proporciones o una señal de apuro por parte de la gestión? Esta inconsistencia ya genera murmullos sobre la prolijidad del proceso y la seriedad de la convocatoria. Ciudadanos y empresas deberán estar atentos a la página del Sistema de Compras Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires (PBAC) para consultar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
El Ministerio de Transporte, con el aval de Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, avanza con esta megacompra que promete cambiar el panorama vial bonaerense y, sin dudas, el bolsillo de muchos.
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