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El Gobierno bonaerense mueve fichas clave en la Comisión de Preadjudicación para la Seguridad Vial, designando a tres nuevos miembros que tendrán en sus manos las licitaciones que impactarán directamente en cómo nos movemos y qué empresas se llevan el gran negocio del control del tránsito.
La Ley N° 13.981, un documento que define la estructura de las preadjudicaciones, ha sido actualizada. Se oficializó la nueva conformación de la Comisión de Preadjudicación, un organismo crucial que decide quién se queda con los contratos más jugosos. Los flamantes integrantes son Bettina Elizabeth Tumini (DNI 35.414.333), Jeremías Joel Larocca (DNI 30.531.647) y Noelia Abelando (DNI 25.690.457).
Además, se estableció que la Dirección Provincial de Control y Fiscalización del Tránsito y la Seguridad Vial será la unidad orgánica encargada de actuar como contraparte y administrar la relación contractual con el futuro adjudicatario.
Aunque parezca un mero trámite administrativo, este cambio esconde el poder de decidir qué empresas obtendrán contratos millonarios relacionados con el tránsito y la seguridad vial. Esto puede ir desde la implementación de nuevos sistemas de monitoreo hasta la gestión de multas o la infraestructura vial. Las decisiones de esta comisión impactarán directamente en la calidad y eficiencia de los servicios de tránsito, y potencialmente en el bolsillo de cada conductor bonaerense. Las empresas del sector, atentas, ya saben quiénes son los nuevos jugadores clave.
El contexto es clave: la Ley 13.981 es el marco legal para estas designaciones. La seguridad vial es un tema sensible y de constante debate en la Provincia de Buenos Aires, con presupuestos considerables asignados a su mejora y control. La transparencia en la conformación de estas comisiones es fundamental para evitar suspicacias y asegurar que los recursos públicos se asignen de la manera más eficiente y justa.
"La transparencia en la conformación de estas comisiones es fundamental para evitar suspicacias."
La designación de estos tres funcionarios refuerza la estructura de control y fiscalización del tránsito. Su rol será central en la evaluación de ofertas y en la selección de proveedores, lo que les otorga un poder considerable sobre el futuro de la infraestructura y los servicios viales. La mención del Presupuesto General Ejercicio 2026 indica una planificación a mediano plazo y la importancia estratégica de estas asignaciones. Mantenerse informado sobre quiénes son los responsables de estas decisiones es crucial para entender el rumbo de las políticas viales. La Dirección Provincial de Control y Fiscalización del Tránsito y la Seguridad Vial será el organismo de referencia para cualquier consulta o seguimiento de los contratos que se deriven de estas preadjudicaciones.
