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Una agente del Ministerio de Ambiente, María Amalia Arévalo, fue reubicada en un cargo profesional jerarquizado con bonificación, generando preguntas sobre la meritocracia en la gestión pública.
El Ministerio de Ambiente bonaerense ha sido noticia por la Resolución N° 77-MAMGP-2026, que valida la reubicación de la agente María Amalia Arévalo (D.N.I. N° 31.616.369) de un puesto técnico a uno profesional, con el consiguiente aumento salarial por bonificación de título universitario. Esta medida, efectiva desde el 1° de septiembre de 2025, ha puesto en el ojo de la tormenta los mecanismos internos de ascenso en la administración provincial.
Arévalo, quien se desempeñaba como Técnica Naturalista-Inicial (Categoría 6), fue reubicada en un cargo de Especialista en Control Biológico Inicial (Categoría 8) dentro del Agrupamiento Personal Profesional. Este cambio implica no solo una mejora en su categoría y funciones, sino también el cobro de la Bonificación por Título Universitario de Grado (BTU), amparada en el Decreto N° 641/25. La justificación oficial es que cumple con los requisitos del nomenclador de cargos vigente para la Ley N° 10.430 y su título de Médica Veterinaria.
Si bien se argumenta que la reubicación se efectúa “conforme las tareas desempeñadas” y que la agente adjuntó su título y matrícula, estas decisiones individuales, aunque legales, a menudo son percibidas por el público como movimientos que pueden no reflejar siempre la competencia o la necesidad real del puesto. En un contexto de ajuste y eficiencia estatal, cada ascenso y bonificación es escrutado con lupa, y la rapidez con la que se concretan estos cambios puede generar suspicacias sobre la igualdad de oportunidades para otros empleados públicos.
La Ley N° 10.430 (Texto Ordenado Decreto N° 1869/96) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96 son el marco legal de estas reubicaciones. Sin embargo, la falta de concursos abiertos para ciertos cargos y la discrecionalidad en las asignaciones de funciones pueden erosionar la moral interna del personal y la confianza ciudadana en la administración pública. Es fundamental que estos procesos, aunque internos, sean transparentes y demuestren un claro beneficio para el servicio público, más allá del beneficio individual de la agente.
