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La Jefatura de Gabinete rechazó el recurso de Brubank contra la adjudicación de la licitación para gestionar las cuentas sueldo de miles de empleados públicos, dejando firmes a los bancos tradicionales y algunos nuevos jugadores. Una decisión que consolida el mapa financiero estatal.
La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Decisión Administrativa 13/2026, rechazó de forma contundente el recurso de reconsideración presentado por BRUBANK S.A.U., confirmando así su exclusión de la millonaria licitación para la apertura y gestión de "cuentas sueldo" para los empleados de la Administración Pública Nacional. Esta medida ratifica la adjudicación a un consorcio de bancos que incluye a pesos pesados como el Banco Nación, Santander, Galicia, BBVA, Macro, Supervielle, Patagonia, Credicoop y el ICBC.
La polémica se desató cuando BRUBANK, un jugador digital, intentó impugnar el dictamen de evaluación que lo dejó fuera, alegando vicios formales y la supuesta vulneración del debido proceso. Sin embargo, la Administración fue implacable: la impugnación no se presentó por la plataforma electrónica oficial "COMPR.AR", se hizo fuera de término (el 6 de marzo de 2025, cuando el plazo vencía el 5 de marzo), y no se integró la garantía de impugnación requerida.
Además, la oferta de BRUBANK fue desestimada por no poseer un Programa de Integridad adecuado, un requisito esencial del pliego, a pesar de que la empresa declaró expresamente su inexistencia. La Jefatura de Gabinete sostuvo que permitir excepciones hubiese "violado el principio de igualdad y transparencia" para el resto de los oferentes.
"Haber dispensado a la recurrente del cumplimiento de requisitos que no eran subsanables... hubiese implicado violar el principio de igualdad consagrado en el artículo 3° del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional."
Esta decisión impacta directamente en el sector bancario, consolidando la posición de los bancos tradicionales y algunos digitales que sí cumplieron con los requisitos, mientras que deja una advertencia clara sobre el rigor formal en las licitaciones públicas, incluso para las "fintech". Los empleados públicos, por su parte, verán sus opciones de bancarización definidas por este grupo de entidades, marcando un antes y un después en la liberalización que buscaba el Decreto 747/2024 al eliminar la obligatoriedad del Banco Nación.
