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La Secretaría General de la Presidencia cede millonarias mercaderías de rezago aduanero al Ministerio de Capital Humano y a la Dirección General de Aduanas. Desde alimentos hasta tecnología: ¿una solución para la emergencia social y la modernización estatal?
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a través de la Subsecretaría de Gestión Institucional a cargo de Eduardo Menem, ha movido el tablero con las Disposiciones 4/2026 y 5/2026, cediendo sin cargo una importante cantidad de bienes de rezago aduanero.
Por un lado, la Disposición 4/2026 destina una montaña de artículos de primera necesidad a la Dirección Nacional de Políticas de Integración y Protección Social del Ministerio de Capital Humano. Hablamos de alimentos, artículos de higiene personal, ropa de cama y de vestir, calzado y medicamentos. Estos bienes, que habían sido puestos a disposición por diversas Aduanas (Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Clorinda, Barranqueras, Oberá, Concordia, Bernardo de Irigoyen, Formosa, Puerto Iguazú, San Javier, Posadas, Salta y Diamante), son cruciales para atender la emergencia social y llegar a quienes más lo necesitan. La ley es clara: estos bienes no pueden comercializarse por cinco años, garantizando que su destino sea el bienestar colectivo.
Por el otro, la Disposición 5/2026 tiene un enfoque más tecnológico. Cede un equipamiento informático con entorno iOS de la marca APPLE a la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). ¿El objetivo? Modernizar y mejorar el acceso a los sistemas de la ARCA para los usuarios de dispositivos móviles, un paso clave en la eficiencia aduanera.
Estas medidas son una excelente noticia para los ciudadanos. La cesión de mercaderías básicas significa un alivio directo para poblaciones vulnerables, canalizando recursos que de otro modo quedarían varados en depósitos fiscales. Además, el fortalecimiento tecnológico de la Aduana beneficia a todos, mejorando los controles y la gestión estatal. Es un claro ejemplo de cómo el Estado reutiliza bienes incautados para fines sociales y de modernización, demostrando una gestión eficiente de los activos recuperados.
