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En un mundo de amenazas digitales constantes, la Procuración del Tesoro de la Nación actualiza sus políticas de seguridad de la información para proteger datos sensibles del Estado.
La Procuración del Tesoro de la Nación no se queda atrás en la carrera contra los ciberdelincuentes. Mediante la Resolución 123/2024, el organismo ha aprobado las "POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN", un paso crucial para blindar los sistemas y la información sensible del Estado.
Esta medida abroga la Resolución N.° RESOL-2017-105-APN-PTN, que databa de 2017 y que, según el propio texto, ya había quedado desactualizada frente a la evolución constante de las amenazas cibernéticas. Las nuevas políticas se basan en los "REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL" aprobados en 2021 y en el "MODELO REFERENCIAL DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" de la Dirección Nacional de Ciberseguridad.
El objetivo es claro: preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que maneja la Procuración. Esto implica la implementación de un robusto Plan de Seguridad para prevenir que los sistemas de información de la Administración Nacional sean afectados por ataques o vulnerabilidades. La Coordinación de Gestión Informática de la Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa fue la encargada de elaborar este nuevo andamiaje digital.
La aprobación de estas políticas es vital para un organismo que maneja asuntos legales y financieros de alta criticidad para el Estado. En un contexto donde los ataques cibernéticos a entidades gubernamentales y privadas son cada vez más sofisticados, tener una política de seguridad actualizada no es un lujo, sino una necesidad imperiosa.
La medida también refuerza la coordinación interinstitucional, ya que se comunicará a la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Esto sugiere un esfuerzo conjunto del gobierno para estandarizar y fortalecer la ciberseguridad en todo el Sector Público Nacional, un desafío monumental pero indispensable para la confianza ciudadana y la operatividad estatal.
"Proteger la información del Estado es proteger la soberanía y la confianza de los ciudadanos. Esta resolución es un paso firme en esa dirección", declaró una fuente cercana al organismo.
