¡BOMBA AGRÍCOLA! Nueva Tarifa de Seguridad Social para el Chaco: ¿Alivio o más carga?

La Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano lanzó una disposición clave que ajusta la 'tarifa sustitutiva' para los Convenios de Corresponsabilidad Gremial en la provincia del Chaco. Esta tarifa, que reemplaza el complejo sistema de aportes y contribuciones a la seguridad social, es fundamental para la producción de algodón, maíz, trigo, sorgo, soja y girasol en la región. La medida, que rige a partir del 1° de noviembre de 2025, busca formalizar las relaciones laborales y asegurar el acceso a los beneficios de la seguridad social para miles de trabajadores rurales y sus familias.

¿Qué cambia exactamente y a quién afecta?

La Disposición 26/2025 actualiza los valores que las empresas agrícolas deben pagar por sus empleados bajo este régimen especial. Este ajuste se basa en las nuevas escalas salariales fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Resolución N° 219/2025), que tienen vigencia escalonada desde septiembre, octubre y noviembre de 2025 hasta julio de 2026. Además, se tuvieron en cuenta las modificaciones en contribuciones patronales de la Ley N° 27.541 y el Decreto N° 128/2019, aunque se aclara que la detracción dispuesta en este último no sufrirá actualización alguna.

Un dato no menor es la inclusión de un incremento adicional en la tarifa, consensuado entre las partes para mantener la representatividad de los aportes y contribuciones. Esto sugiere que, si bien se busca simplificar, el costo total para los empleadores podría ser mayor, aunque con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Las implicaciones para el campo chaqueño

Para los productores de cultivos extensivos en Chaco, esta actualización implica una revisión de sus costos laborales. La tarifa sustitutiva, aunque diseñada para agilizar trámites, requiere una planificación financiera cuidadosa. Para los trabajadores, la formalización y el acceso a la seguridad social son un beneficio directo, aunque la transparencia sobre cómo se calcula este incremento adicional es clave.

"El objetivo es formalizar y garantizar derechos, pero el impacto en los costos debe ser monitoreado de cerca por el sector productivo", advierten especialistas.

La medida subraya la intervención estatal en la regulación laboral, incluso en mecanismos que buscan ser más ágiles. Es crucial que los involucrados se mantengan informados sobre las próximas resoluciones, ya que esta tarifa tiene vigencia hasta que se apruebe una nueva.