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Golpe bajo para un establecimiento en la codiciada Av. Costanera Rafael Obligado: el Gobierno porteño le 'baja el pulgar' al Certificado de Aptitud Ambiental N° 7643. ¿Qué hay detrás de esta drástica decisión y cómo impactará en la zona?
Una medida que enciende las alarmas en el sector empresarial y ambiental. La Resolución N° 56/APRA/26, emanada de la Vicejefatura de Gobierno, ha dejado sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental N° 7643 para un establecimiento ubicado en la estratégica Av. Costanera Rafael Obligado S/N° y Avenida Sarmiento. Esta decisión, aunque brevemente comunicada, tiene implicaciones mayúsculas para el emprendimiento afectado.
¿Qué significa que un Certificado de Aptitud Ambiental quede sin efecto? Básicamente, que el permiso que habilitaba a la actividad a operar bajo ciertos estándares ambientales ya no es válido. Esto puede deberse a múltiples factores: desde el incumplimiento de las normativas vigentes, la detección de irregularidades en inspecciones, hasta cambios en las condiciones ambientales o en el proyecto original que requieran una nueva evaluación. La falta de este certificado puede paralizar completamente las operaciones, obligando al establecimiento a regularizar su situación o, en el peor de los casos, a cerrar sus puertas.
La ubicación, en plena Costanera, es un punto neurálgico de la Ciudad, donde conviven espacios recreativos, gastronómicos y de servicios, todos con un fuerte impacto en el ecosistema ribereño. La revocación de un certificado de esta índole envía una señal clara sobre la rigurosidad de los controles ambientales por parte de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad. Para el público, es un recordatorio de que la fiscalización existe, y que la sostenibilidad no es solo una palabra bonita, sino una exigencia legal.
"Esta medida demuestra que no hay excepciones cuando se trata de proteger nuestro entorno. La Costanera es un pulmón de la Ciudad y su cuidado es prioritario", deslizó un vocero extraoficial.
El impacto directo para el establecimiento será negativo, enfrentando costos de adecuación, multas o incluso el cese de actividades. Para la sociedad, es una señal positiva de que el Estado está atento a la protección del ambiente, aunque la falta de detalles sobre el porqué de la revocación deja un manto de misterio sobre el caso.
