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El Gobierno pisa el acelerador con una ola de resoluciones que derogan normativas obsoletas, unifican aranceles y actualizan estándares metrológicos y de seguridad. Un tsunami de cambios que busca desburocratizar, pero que genera incertidumbre en sectores clave.
La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desató un verdadero vendaval regulatorio con cinco resoluciones simultáneas que prometen redefinir el paisaje comercial e industrial del país. El objetivo, según el Gobierno, es la desburocratización y simplificación, eliminando trabas que generaban "incrementos en los costos de las transacciones y pérdidas de tiempo".
La Resolución 20/2025 es un hachazo a reglamentos técnicos y metrológicos de vieja data. Se derogan normas sobre medidas de longitud, tanques fijos de almacenamiento y medidores de petróleo, algunas con más de dos décadas de antigüedad. ¿El argumento? Eran "redundantes" o carecían de "sustento legal", generando "incertidumbre en el sector". En su lugar, se incorpora la Resolución MERCOSUR/GMC N° 21/2022, buscando una armonización regional que, dicen, fomentará la competitividad y la innovación. ¡Un guiño al mercado regional que podría traer aire fresco a la industria energética y manufacturera!
Con la Resolución 22/2025, la Secretaría unifica a una única Unidad Móvil el arancel para trámites metrológicos como aprobaciones de modelo y verificaciones primitivas. De 143 aranceles se pasó a 75, y ahora a uno solo. Una movida que simplifica drásticamente los costos administrativos para fabricantes e importadores, alineándose con la "Unidad Móvil" que se actualiza por inflación. ¡Menos burocracia, menos costos ocultos, o al menos esa es la promesa!
La Resolución 25/2025 moderniza los reglamentos para instrumentos de pesar no automáticos, como las balanzas de uso comercial. Se adoptan recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), buscando estándares globales. Habrá un período de adaptación de tres años para los nuevos instrumentos y una validez de hasta diez años para los ya existentes, ¡un respiro para el comercio minorista y la industria! Mientras tanto, la Resolución 27/2025 hace lo propio con los ascensores y sus componentes de seguridad, actualizando requisitos que databan de 1999. Una medida crucial para la seguridad pública en un sector en constante evolución, con plazos de hasta 24 meses para adaptarse.
Pero la joya de la corona es la Resolución 26/2025, un verdadero Frankenstein normativo que toca múltiples fibras. Se modifica el listado de productos y normas para materiales de construcción, se extiende el plazo para la exigencia del "Marcado de Conformidad" hasta octubre de 2025, y se elimina la obligación de una base de datos centralizada para el etiquetado de eficiencia energética, reemplazándola por información a través de códigos QR. ¡Ojo! También se derogan resoluciones sobre cables de acero, equipos sometidos a presión y válvulas industriales, algunas que estaban suspendidas. Esta amalgama de cambios tiene un impacto gigantesco en la industria manufacturera y de la construcción, prometiendo mayor agilidad, pero dejando la pregunta de si la flexibilización no comprometerá ciertos estándares de calidad y seguridad a largo plazo. La DGA, de paso, queda liberada de controlar reglamentos técnicos abrogados.
En resumen, el Gobierno apuesta fuerte por la liberación de los mercados y la eliminación de costos burocráticos, con un paquete de medidas que busca sacudir el estatus quo. El tiempo dirá si esta audaz estrategia conduce a una mayor prosperidad o a un terreno más resbaladizo para consumidores y empresas.
25 de febrero de 2025
25 de febrero de 2025
25 de febrero de 2025