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El Ministerio de Seguridad sacude el tablero con un aumento escalonado de haberes para todas las fuerzas federales a partir de enero de 2025. La medida busca equiparar sueldos y reconocer la 'capacidad, responsabilidad y dedicación' de policías y penitenciarios. ¿Fin a la interna salarial?
En una jugada que promete impacto y alivio para miles de familias, el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la batuta de Patricia Bullrich, anunció un significativo aumento salarial para todo el personal en actividad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La Resolución 176/2025 establece una nueva escala de haberes y suplementos que se aplicará en tres tramos: a partir del 1° de enero, 1° de febrero y 1° de marzo de 2025.
La medida abarca a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, con especial énfasis, al Servicio Penitenciario Federal. El texto de la resolución es claro: se busca reconocer una 'adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación' que demanda su actividad.
Uno de los puntos más relevantes es la equiparación de los haberes del personal del Servicio Penitenciario Federal. El Ministerio admitió haber detectado 'diferencias y distorsiones arbitrarias' en sus sueldos en relación con las demás fuerzas. Esta actualización busca 'otorgar un trato igualitario, de acuerdo a las jerarquías vigentes y las exigencias de servicios'. Una deuda histórica que parece empezar a saldarse.
Además del haber mensual, la resolución actualiza:
"Constituye un objetivo central de este Ministerio promover el bienestar del personal que se desempeña dentro de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales así como su profesionalización y el desarrollo de su carrera," subraya la resolución.
Esta medida no solo impacta directamente en el poder adquisitivo de miles de efectivos, sino que también busca fortalecer la moral y la operatividad de las fuerzas, vital para la seguridad nacional. Los ciudadanos verán un esfuerzo por parte del Estado para valorar a quienes custodian su día a día.
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