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Ocho resoluciones consecutivas del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires confirman la luz verde para una serie de contratos de locación de servicios artísticos. ¿Quiénes son los beneficiados y cuánto nos cuesta la cultura estatal? La transparencia, en el ojo de la tormenta.
El Boletín Oficial de hoy se hizo eco de una verdadera lluvia de tinta en el ámbito cultural porteño. Mediante ocho resoluciones consecutivas, numeradas del 299 al 306, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires dio el visto bueno a sendos contratos de locación de servicios artísticos. Este aluvión de aprobaciones, si bien es una práctica habitual en la gestión cultural, no deja de generar interrogantes en un contexto donde el ojo público escudriña cada gasto estatal.
Estas resoluciones son la formalización administrativa para que diversos artistas puedan prestar sus servicios al Gobierno de la Ciudad. Para el sector cultural, golpeado por vaivenes económicos, cada contrato representa una oportunidad de trabajo y una inyección de fondos. Sin embargo, el texto del Boletín, escueto como de costumbre, no detalla ni los nombres de los artistas, ni los montos involucrados, ni la naturaleza específica de los servicios a prestar. Esta falta de transparencia dificulta un análisis profundo sobre la distribución de los recursos públicos y los criterios de selección empleados.
"Aprobar contrato de locación de servicios artísticos", reza la fórmula repetida en cada una de las ocho normativas.
En épocas de ajuste fiscal y reestructuración pública, la aprobación masiva de contratos, aunque sean rutinarios, puede encender alarmas. ¿Se están optimizando los recursos? ¿Se priorizan proyectos con impacto social? Estas preguntas, que quedan sin respuesta en la publicación oficial, son vitales para entender cómo se gestiona el presupuesto cultural. Para el ciudadano de a pie, la implicación es el uso de fondos públicos para sostener la actividad artística. Es crucial que los organismos brinden mayor información para que la ciudadanía pueda ejercer un control efectivo sobre el destino de sus impuestos. Estar atento a los portales de transparencia es fundamental para seguir el rastro de estos fondos.
