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Un DNU histórico suprime la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la AGP, centralizando todo en una nueva Agencia Nacional. ¡Menos burocracia, más eficiencia e inversión privada para el comercio exterior!
¡Atención, Argentina! El presidente Milei sacudió el tablero con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que promete una revolución en el crucial sector portuario y de vías navegables. El Decreto 3/2025 no se anda con chiquitas: suprime la histórica Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y ordena la disolución y liquidación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (AGP SAU). En su lugar, nace la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN), un ente autárquico que centralizará todas las competencias.
La medida, justificada en la emergencia pública y la necesidad de "ordenar y equilibrar las cuentas públicas", busca eliminar la "burocracia innecesaria" y la "superposición de funciones" que, según el Gobierno, generaban un "importante costo para el Estado Nacional". La AGP, que había crecido "notablemente en estructura administrativa y planta de personal", requería aportes del tesoro para operar, a pesar de sus propios ingresos. ¡Una contradicción que el Ejecutivo no está dispuesto a tolerar!
La flamante ANPYN se erige como la única Autoridad Portuaria Nacional, con el mandato de "simplificar la estructura del Estado" y "favorecer el desarrollo comercial e industrial" del país. Entre sus funciones más destacadas, la Agencia deberá:
Este DNU modifica leyes clave como la de Actividades Portuarias (N° 24.093), consolidando el poder de la ANPYN. Para darle un rostro a esta megaestructura, el Decreto 5/2025 designó a Iñaki Miguel ARRESEYGOR (D.N.I. N° 33.079.901) como su Director Ejecutivo por un mandato de cuatro años. Arreseygor, magíster en Administración de Negocios, tendrá la enorme tarea de llevar adelante esta profunda transformación.
Para los ciudadanos, esta reforma promete reducir los costos logísticos, lo que podría impactar positivamente en los precios de productos y la competitividad exportadora. Sin embargo, la disolución de entes y la centralización de poder siempre generan debates sobre la transparencia y el control. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso tendrá la última palabra sobre la validez de este DNU, en una batalla política que se avizora picante. ¡El destino de nuestros puertos y el comercio exterior están en juego!
