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En un movimiento sorpresivo, el Gobierno designa a María Leonor Elena Acuña como Directora interina del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, con 'excepción' de requisitos. ¿Una movida estratégica o un atajo burocrático que enciende las alarmas?
La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación acaba de dar un golpe de timón en el ámbito del patrimonio, asignando de forma transitoria a la profesora María Leonor Elena Acuña (C.U.I.L. N° 27-10794318-3) las riendas del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. La medida, que rige a partir del 24 de junio de 2025, la coloca como Directora con Nivel B y Función Ejecutiva Nivel IV, un ascenso significativo desde su puesto de planta permanente.
Lo que llama la atención es que esta designación se realiza con “autorización excepcional por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 112 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP”. Esto significa que, a pesar de no cumplir con todos los criterios usuales para el puesto, la profesora Acuña asumirá la dirección. La resolución justifica esta excepción por la "particular naturaleza de las tareas" y la necesidad de "asegurar el normal desenvolvimiento de la Jurisdicción".
Para el ciudadano común, este tipo de movimientos administrativos puede parecer menor, pero no lo es. El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano es clave en la preservación y estudio de nuestra identidad cultural. La designación de un director interino, y más aún, con excepciones a la normativa, puede generar interrogantes sobre la estabilidad y la visión a largo plazo para una institución tan vital. La medida se extenderá por un plazo máximo de TRES (3) años o hasta que se logre una cobertura definitiva a través de los regímenes de selección correspondientes, dejando una sensación de provisionalidad en un área que demanda certezas.
“Este tipo de resoluciones, aunque comunes en la administración pública, siempre generan un debate sobre la meritocracia y la transparencia en la ocupación de cargos clave”, comentó un analista cercano al sector. Es fundamental que la sociedad se mantenga informada sobre cómo se gestionan estas instituciones que resguardan nuestra historia y cultura.
El gasto que demande esta asignación será cubierto con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 20 - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Subjurisdicción 14 - SECRETARÍA DE CULTURA, según detalla el Artículo 3º de la resolución. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado han dado el visto bueno, lo que subraya la coordinación interministerial en estas decisiones, aunque la “excepción” persiste como un punto de análisis.
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