¡Bomba en el Estado! Derogan Norma Clave: ¿Qué Pasa con los Contratados?

Una Decisión Administrativa (DA 26/2025) ha encendido las alarmas entre miles de empleados públicos. El Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado han derogado la histórica Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la eliminación de la norma que, durante dos décadas, estableció los criterios homogéneos para la equiparación escalafonaria y retributiva del personal contratado en la Administración Pública Nacional. Esta DA 3/2004 fue un salvavidas para muchos trabajadores temporales, permitiendo que sus salarios se equipararan a los del personal de planta permanente, brindando cierta estabilidad y justicia en sus remuneraciones. Ahora, esa herramienta ha sido barrida del mapa. La justificación oficial es que la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública está llevando a cabo una "revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal" con el objetivo de "optimizar los procesos" y "mejorar la calidad de la gestión". Sin embargo, la derogación sin una norma de reemplazo inmediata genera un vacío legal y una enorme incertidumbre para miles de contratados en todo el país.

"La presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL." Las implicaciones son significativas:

• Inestabilidad salarial: Podría abrir la puerta a disparidades salariales entre contratados y personal de planta, o incluso a recortes, si no se establece un nuevo mecanismo de equiparación.
• Precarización laboral: Sin una regla clara, los contratos temporales podrían volverse aún más vulnerables a las decisiones discrecionales de cada jurisdicción.
• Reforma del Estado: Esta derogación se inscribe en un contexto de desregulación y búsqueda de "eficiencia" en el Estado, lo que sugiere que podría ser solo el primer paso de una reforma más profunda en la gestión del empleo público. Los empleados contratados del Estado deben estar atentos, ya que esta medida podría afectar directamente sus condiciones laborales y salariales, en un momento donde la "optimización" suele rimar con "ajuste".