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El INCAA eleva el costo de una película nacional a $600 millones, pero elimina incentivos clave para producciones con enfoque de género y territoriales. ¿Una mano te da, la otra te quita?
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ha sacudido el avispero del séptimo arte con la Resolución 95/2026, que no solo duplica el costo de una película nacional de presupuesto medio a $600.000.000 (con efecto retroactivo al 1 de septiembre de 2025), sino que también deroga artículos clave que ofrecían incentivos adicionales a producciones con criterios de género y radicación territorial. Esta medida busca unificar criterios y optimizar la gestión administrativa, pero genera un debate encendido en la industria.
El aumento del costo de una película de presupuesto medio es una respuesta a los incrementos en los costos de producción, una medida que los productores venían reclamando para poder sostener la actividad. Este valor es fundamental porque sirve de base para el cálculo de los subsidios que otorga el INCAA, impactando directamente en la financiación de largometrajes de animación, ficción y documentales.
Sin embargo, la cara menos amable de la resolución es la derogación de los artículos 4º, 6º y 7º de la Resolución INCAA Nº 485/2022. Estos artículos establecían incentivos adicionales para producciones que cumplían con requisitos específicos vinculados a criterios de género y radicación territorial. La eliminación de estos esquemas accesorios, bajo el argumento de simplificar y unificar la normativa, podría significar un golpe para aquellos proyectos que dependían de estas ayudas para fomentar la diversidad y la federalización de la producción cinematográfica.
Para el sector cinematográfico, esta resolución es un arma de doble filo. Por un lado, el aumento del costo base podría inyectar más fondos a la producción general. Por otro, la supresión de los incentivos específicos genera preocupación entre colectivos y productoras dedicadas a temáticas de género o a la producción en regiones fuera de los grandes centros urbanos. Se plantea el interrogante de si esta unificación de criterios no terminará por homogeneizar la oferta cultural, dejando de lado voces y miradas que antes contaban con un apoyo diferencial.
Los topes de subsidio, que varían según el tipo de película (100% del costo de producción reconocido, con máximos del 43% para animación, 34% para ficción y 17% para documental del costo de una película de presupuesto medio), se mantienen, pero ahora sin los 'extras' que buscaban promover la inclusión. La industria, los artistas y el público estarán atentos a cómo esta nueva política impacta en la variedad y calidad del cine nacional y si la prometida optimización no se traduce en una pérdida de diversidad.
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