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Con un golpe de timón, el Poder Ejecutivo eliminó el polémico Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), una medida que promete barrer con la burocracia y liberar al sector. ¿Fin de los trámites engorrosos o riesgo para la fiscalización? El debate está abierto.
El Gobierno Nacional, en su cruzada desreguladora, ha dado un paso audaz al derogar por completo el REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (RUTA), una institución que, según el propio decreto, se había convertido en un 'ente burocrático que entorpecía la libre iniciativa y obstaculizaba el ejercicio pleno de la actividad económica'. La medida, oficializada a través del Decreto 1109/2024, modifica aspectos clave de la Ley N° 24.653 de Transporte Automotor de Cargas y el Decreto N° 1035/02, que reglamentaba el RUTA.
Desde ahora, los transportistas de cargas, tanto personas físicas como jurídicas, ya no estarán obligados a inscribirse en el RUTA ni a presentar la extensa batería de documentos que se les exigía, como estatutos sociales, constancias de AFIP, nóminas de personal, títulos de vehículos o seguros obligatorios. Esto implica una reducción drástica de costos administrativos y tiempos de gestión para miles de empresas y autónomos del sector.
El Ejecutivo argumenta que la seguridad en el transporte ya está garantizada por la Ley N° 24.449, que exige el buen estado de los vehículos, licencias de conducir y seguros obligatorios. Es decir, el RUTA duplicaba controles y generaba un 'dispendio irracional de recursos públicos'. Esta decisión se enmarca en la 'emergencia pública en materia administrativa' declarada por la Ley N° 27.742, buscando 'mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad'.
Para el sector del transporte, la noticia es una bocanada de aire fresco, prometiendo mayor agilidad y libertad para operar. Sin embargo, algunos críticos podrían señalar la potencial pérdida de herramientas de fiscalización y estadísticas sobre el sector, aunque el gobierno insiste en que otros organismos ya cumplen esas funciones. La medida, sin duda, favorece la lógica pro-mercado y la reducción de la intervención estatal, y podría estimular la competencia al facilitar el ingreso de nuevos actores. Los ciudadanos comunes podrían ver, a mediano plazo, una leve repercusión en los costos logísticos, que podrían abaratarse al eliminarse esta carga para los transportistas. Para estar al tanto de futuras actualizaciones, seguí de cerca las publicaciones del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte.
31 de enero de 2025
27 de enero de 2026
29 de diciembre de 2025
