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El Gobierno propone a Ernesto Alberto Gaspari, un ex CFO de BRIDAS y SOCMA, para presidir la Unidad de Información Financiera. Su nombramiento, clave en la batalla contra el lavado de activos, abre un período de escrutinio público que promete polémica y atención.
La Unidad de Información Financiera (UIF) está a punto de tener un nuevo líder y la noticia ya genera revuelo en los pasillos del poder. El Ministerio de Justicia ha puesto sobre la mesa la propuesta para que el Contador Público y Licenciado en Administración Ernesto Alberto GASPARI asuma la presidencia de este organismo clave en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su nombramiento no es un dato menor: la UIF es el "ojo que todo lo ve" en el sistema financiero, encargada de analizar y reportar operaciones sospechosas, lo que impacta directamente en la transparencia y la reputación internacional del país.
Gaspari no es un desconocido. Su currículum es de esos que impresionan: con pasado como CFO de la petrolera BRIDAS SA, Director de Finanzas de SOCMA y CEO de Musimundo, entre otros roles de alto perfil en el sector privado, su experiencia en el mundo corporativo es innegable. Pero no solo eso, también ocupó cargos públicos como Presidente del Astilleros Río Santiago y Secretario de Coordinación y Planificación Exterior de la Cancillería. Este mix de expertise financiero y gestión pública lo convierte en una figura con peso propio, capaz de entender tanto las dinámicas del mercado como las complejidades del Estado.
La designación del titular de la UIF es vital para la confianza económica y la prevención de delitos financieros. Un liderazgo fuerte y transparente en este organismo puede fortalecer la imagen de Argentina frente a organismos internacionales y atraer inversiones, al garantizar un combate efectivo contra el dinero ilegal. La ciudadanía tiene voz en este proceso. Según la Ley N° 25.246, hay un plazo de quince días desde la última publicación para que ciudadanos, ONGs y entidades académicas presenten observaciones fundadas sobre el candidato. Además, se realizará una Audiencia Pública el 6 de marzo de 2026 en el Ministerio de Justicia. Esta es una oportunidad crucial para que la sociedad civil participe activamente en la designación de un funcionario clave.
“Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales [...] podrán [...] presentar [...] observaciones respecto de los candidatos.” (Artículo 9°, inciso f), Ley N° 25.246) Estar informado y participar es fundamental para asegurar que quienes ocupan estos cargos estratégicos sean los más idóneos y transparentes.
