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Las gigantes petroleras Shell Argentina y QP Oil and Gas renuncian a su permiso de exploración en la codiciada área CAN_107, que vuelve a manos del Estado Nacional. ¿Qué hay detrás de esta sorpresiva movida que impacta en el futuro energético del país?
En un movimiento que sacude el tablero energético nacional, la Secretaría de Energía acaba de declarar la extinción del permiso de exploración de hidrocarburos sobre el área CAN_107, ubicada en la vital plataforma costa afuera argentina. Las protagonistas de esta historia son nada menos que las influyentes SHELL ARGENTINA S.A. y QP OIL AND GAS S.A.U., quienes informaron su decisión de no continuar con la exploración y, por ende, renunciar al codiciado permiso.
La Resolución N° 73/2026 del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, formaliza la reversión de esta área al Estado Nacional. Este permiso había sido otorgado en 2019, en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera Nro. 1 (Ronda 1), una iniciativa que buscaba atraer inversiones para la búsqueda de hidrocarburos en el mar argentino. Aunque el permiso ya había sido extendido en dos ocasiones (en 2022 por dos años y en 2025 por doce meses), las empresas finalmente decidieron no avanzar al segundo período exploratorio.
Es crucial destacar que, según los informes de la propia Dirección Nacional de Exploración y Producción, Shell y QP Oil han cumplido con la totalidad de las inversiones comprometidas para el área CAN_107. Además, abonaron el canon de exploración correspondiente al período fiscal 2025, un impresionante monto de $383.036.825,91. No se registraron tampoco observaciones en cuanto a los requerimientos ambientales, lo que sugiere una salida 'limpia' desde el punto de vista contractual y ecológico.
La reversión del área CAN_107 al Estado Nacional abre un nuevo capítulo. Si bien la renuncia de estas empresas puede generar preguntas sobre el potencial comercial del bloque, también significa que el Estado recupera el control total sobre un recurso estratégico. Esto podría derivar en futuras licitaciones para otras compañías interesadas o incluso en una posible intervención de YPF u otras empresas estatales. La decisión, aunque administrativa, resalta la complejidad y los riesgos inherentes a la exploración petrolera offshore, incluso para gigantes del sector.
"La extinción del permiso y la reversión del área al Estado Nacional, sin incumplimientos contractuales por parte de las empresas, marca un punto de inflexión en la gestión de nuestros recursos energéticos costa afuera. Es una oportunidad para reevaluar estrategias."
Para el ciudadano común, esto significa que la gestión de una porción de nuestro potencial energético vuelve a manos públicas, con la posibilidad de redefinir su explotación en el futuro. Es fundamental estar atentos a los próximos pasos de la Secretaría de Energía, que podría anunciar nuevas convocatorias para esta o otras áreas.
