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La Provincia de Buenos Aires desembolsa casi 300 millones de pesos adicionales a un consorcio empresarial por la obra de la nueva Estación Transformadora de Guaminí. Un ajuste que reaviva el debate sobre los costos de la obra pública.
Una resolución explosiva acaba de sacudir el Boletín Oficial, revelando una redeterminación definitiva de precios que dejará a más de uno con la boca abierta. La Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires aprobó un Acta Acuerdo que reconoce una suma monumental de $295.948.661,62 a favor de la UTE "ELEPRINT S.A. - MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. - UT GUAMINÍ" por la obra de la "Proyecto nueva ET Guaminí 132/33/13,2 kv - 2x30/30/20 MVA y Vinculación al Sistema de 132 kv".
En criollo, la Provincia le pagará casi 300 millones de pesos extra a la contratista. Este monto surge de un complejo balance entre los ajustes provisorios ya pagados (que superaron los 5.500 millones de pesos) y los montos de ajuste reconocidos finalmente, que fueron aún mayores. La diferencia total, a certificar a favor de la empresa, es lo que ahora genera ruido. Este ajuste cubre el período de mayo a noviembre de 2024 y se enmarca en el Decreto N° 290/21, que permite estas revisiones de precios en contratos de obra pública.
La obra en cuestión, clave para el Programa Regional de Transporte Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, se financia mediante un Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), suscripto en 2020. Originalmente, se autorizó la suscripción de este préstamo para impulsar la infraestructura energética. Sin embargo, la inflación y los vaivenes económicos de Argentina suelen derivar en estas redeterminaciones, donde los costos iniciales se disparan y el Estado debe afrontar la diferencia.
"Las partes acuerdan la finalización del procedimiento de ajuste para el período comprendido entre los meses de mayo a noviembre de 2024..." reza la resolución, cerrando un capítulo de ajustes que beneficiará a la UTE.
Aunque la contratista renuncia a cualquier reclamo futuro por mayores costos, intereses o perjuicios, la cifra final sale del bolsillo de todos los bonaerenses, a través del presupuesto provincial. Este tipo de medidas, si bien buscan garantizar la continuidad de obras estratégicas para el suministro eléctrico, siempre generan interrogantes sobre la eficiencia del gasto público y el impacto de la macroeconomía en los proyectos de infraestructura. Los ciudadanos comunes verán cómo una porción del presupuesto se destina a cubrir estos sobrecostos, que son una constante en el país.
Para estar informado: Es fundamental seguir de cerca las publicaciones del Boletín Oficial, especialmente aquellas resoluciones de los Ministerios de Infraestructura y Hacienda, que suelen detallar estas erogaciones. Las organizaciones de control ciudadano y los medios de comunicación son claves para fiscalizar estos movimientos de fondos.
