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El Ministerio de Seguridad porteño lanza una capacitación para profesionales que lidian con detenidos. ¿Es la clave para mejorar el sistema penitenciario o solo un parche? Un debate que se enciende.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Resolución N° 174/ISSP/26, acaba de aprobar la tan esperada Diplomatura de Especialización en Criminología Aplicada al Encierro Transitorio de Detenidos. Esta iniciativa, que busca profesionalizar aún más a quienes trabajan en el complejo mundo de la seguridad y el sistema penitenciario, promete ser un antes y un después para muchos.
Con esta diplomatura, el gobierno porteño busca dotar de herramientas teóricas y prácticas a personal policial, judicial y otros profesionales que interactúan con personas privadas de su libertad en contextos de detención transitoria. El objetivo es claro: mejorar la gestión de los centros de detención, la comprensión de la conducta criminal y, en última instancia, la seguridad tanto para los detenidos como para el personal.
La medida llega en un momento donde el sistema carcelario y de detención en Argentina, y particularmente en CABA, está constantemente bajo el escrutinio público por sus condiciones y la necesidad de modernización. La capacitación en criminología aplicada es una respuesta directa a la demanda de mayor profesionalización y un enfoque más humano y técnico en el tratamiento de los reclusos, incluso en fases transitorias.
Para la sociedad, la promesa es una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los centros de detención. Para los profesionales, significa una oportunidad de crecimiento y especialización en un campo crítico. Sin embargo, algunos críticos podrían argumentar que, si bien la formación es bienvenida, el problema de fondo del sistema penitenciario va más allá de la capacitación y requiere inversiones estructurales profundas.
"La formación es un pilar fundamental, pero no debe ser una excusa para no abordar las falencias estructurales de nuestro sistema de encierro", desliza un especialista en seguridad que prefiere el anonimato.
Es crucial que los ciudadanos comunes entiendan que una mejor formación del personal puede impactar directamente en la seguridad pública y en el respeto de los derechos humanos de quienes están bajo custodia estatal.
