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El Gobierno bonaerense desata una lluvia de billetes para profesionales con título universitario en la administración pública. Un plus del 115% del sueldo básico para quienes cumplan requisitos y demuestren la 'atinencia' de su carrera. ¿Es un reconocimiento o una nueva grieta salarial?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires sacudió el tablero salarial al confirmar la implementación de una "Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función -BTU-" destinada a selectos profesionales de la Administración Pública Provincial, regidos por la Ley N° 10.430. Este beneficio, establecido mediante el Decreto N° 641/25, representa un incremento sustancial: ¡nada menos que el ciento quince por ciento (115%) del sueldo básico del profesional alcanzado!
La medida apunta al personal de Planta Permanente (con y sin estabilidad) y de la Planta Temporaria Transitoria Mensualizada que posea un título de grado universitario. Pero ojo, no es para cualquiera: el título debe estar oficialmente reconocido, legalizado y, si corresponde, el profesional debe estar debidamente matriculado en su Colegio o Consejo Profesional. La clave de la polémica es la "atinencia": el título debe ser directamente relevante a las competencias laborales del ámbito donde se desempeña el agente y a las tareas que le son asignadas. No vale tener un título y trabajar en algo completamente distinto.
El decreto ejemplifica con el caso de María Laura Zanetta, jefa de Departamento, quien percibirá esta bonificación por su título de Analista de Computación, demostrando la correlación entre su formación y sus funciones en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Esto abre la puerta para que miles de profesionales calificados en la administración pública puedan solicitar este jugoso adicional.
Esta bonificación, de carácter mensual, remunerativo y no bonificable, comenzará a regir a partir del 1° de noviembre de 2025 y será solventada por el Presupuesto General Ejercicio 2026. La medida busca, en teoría, reconocer y retener talento profesional dentro del sector público, incentivando la capacitación y la especialización. Sin embargo, no faltarán las voces críticas que señalen el impacto en las arcas provinciales y la posible generación de inequidades salariales dentro de la propia planta estatal, entre quienes poseen título universitario y quienes no, o entre aquellos cuyos títulos se consideren "atinentes" y los que no.
Para el ciudadano común, la noticia puede significar una mejora en la calidad de ciertos servicios públicos si se logra una mayor profesionalización, aunque también podría percibirse como un aumento del gasto estatal en un contexto económico complejo. Es fundamental que los beneficiarios soliciten expresamente el pago y acrediten toda la documentación requerida. ¡Atención a los detalles para no perderse esta oportunidad!
