¡Bomba Vial! El Gobierno Relanza la Privatización de Rutas Estratégicas

El Gobierno Nacional ha lanzado una verdadera bomba en el ámbito de la infraestructura con el Decreto 28/2025, que establece la licitación de tramos y rutas estratégicas de la Red Vial Nacional bajo el régimen de concesión por peaje. El objetivo es claro: reducir el gasto público, transparentar las cuentas y asegurar el mantenimiento de las vías, delegando en el sector privado la construcción, explotación y administración de estas arterias vitales.

Un Megaplan para la Red Vial

La medida, que se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, delega en el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, la potestad de convocar a Licitación Pública Nacional e Internacional en un plazo de DOCE (12) meses. Esto incluye la aprobación de pliegos, la adjudicación y la suscripción de los contratos. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por su parte, asumirá el rol de Autoridad de Aplicación, supervisando y controlando los contratos.

Entre los tramos a licitar, se destaca el crucial Corredor Vial N° 18, con una extensión de 676,11 kilómetros, que abarca desde Zárate (Buenos Aires) hasta Paso de los Libres (Corrientes), incluyendo la estratégica conexión Rosario-Victoria (Ruta Nacional N° 174) y tres pasos fronterizos con Uruguay y Brasil. Este corredor es vital para el MERCOSUR, conectando cuatro provincias y tres naciones, y su privatización mediante peaje tendrá un impacto directo en el transporte de cargas y pasajeros de toda la región.

Además, se incorporan nuevos tramos como parte de la Ruta Nacional N° 12 y la calzada del Puente Internacional Agustín P. Justo. La decisión de extender las concesiones y sumar nuevos tramos busca generar ingresos adicionales y asegurar la inversión en infraestructura que el Estado, según el argumento oficial, no puede afrontar. La gestión de Caminos del Río Uruguay S.A. en el Corredor N°18, que había sido prorrogada tras un concurso preventivo, sienta un precedente de las complejidades que pueden surgir en estos procesos.

Para los ciudadanos, esto significa un cambio en la modalidad de uso de estas rutas, con la generalización del peaje como principal forma de financiamiento. Para las empresas de transporte y logística, implicará nuevos costos operativos. La promesa es una mejora en la infraestructura y seguridad vial, pero el debate sobre el rol del Estado en el mantenimiento de las rutas troncales se reaviva con fuerza.