Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Gobierno bonaerense disuelve el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) y el Instituto de la Vivienda absorbe sus funciones, mientras una cifra astronómica de más de 107 mil millones de pesos se redirige al Tesoro Provincial. ¿Qué pasará con las obras?
La provincia de Buenos Aires está en plena reestructuración financiera, y la última movida es un verdadero terremoto. A través de las Resoluciones N° 45 y N° 62 del Ministerio de Economía, se confirmó la disolución y liquidación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), una herramienta fundamental para obras públicas desde su creación en 2000. La Ley N° 15.557 (Presupuesto 2026) había marcado su sentencia, y ahora se ejecutan los pasos para su desaparición.
El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) se convierte en el heredero forzoso, absorbiendo todas las tareas, las obras que estaban en ejecución y las operatorias que antes manejaba PROFIDE. Esto podría significar un cambio en la dinámica de ejecución de proyectos habitacionales e infraestructurales.
Pero la parte más jugosa es la financiera: se ordena la transferencia de un remanente colosal de $107.303.659.825 (¡más de cien mil millones de pesos!) al Tesoro Provincial. Estos fondos, que incluían recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y operaciones de liquidez, serán reasignados, generando un impacto directo en las arcas provinciales.
La medida busca "asegurar la ejecución de los actos relativos a la disolución y liquidación", pero no está exenta de polémica. La absorción por parte del IVBA podría centralizar la gestión de infraestructura, pero también plantea interrogantes sobre la eficiencia y la continuidad de los proyectos. Los ciudadanos deberán estar atentos a cómo se traducirá esta mega-reestructuración en obras concretas y servicios, especialmente en un contexto de presupuestos ajustados. La Legislatura deberá ser informada en 120 días sobre el destino final de estos fondos. Un movimiento audaz que redefine el mapa de la inversión pública bonaerense.
22 de enero de 2026
5 de febrero de 2026
20 de enero de 2026