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Un nuevo decreto sacude el tablero del comercio exterior argentino, eliminando controles y certificaciones locales para productos importados que ya cumplen estándares internacionales. ¿Adiós a la burocracia, hola a la competencia feroz? El Ejecutivo promete agilidad y eficiencia, pero ¿a qué costo para la industria nacional?
El Gobierno ha lanzado un decreto explosivo, el N° 892/2025, que promete una revolución en las importaciones al eliminar una maraña de controles y certificaciones nacionales. La medida establece que los productos importados podrán ingresar y comercializarse en Argentina si ya cumplen con los requisitos de calidad y normas técnicas de "países de referencia" o si poseen certificados de organismos acreditados internacionalmente. ¡Un golpe de timón que busca desburocratizar el comercio exterior y facilitar la integración a mercados globales!
Esta movida implica un cambio radical: ya no será necesario duplicar ensayos y certificaciones locales para una amplia gama de mercaderías, desde productos médicos de bajo riesgo hasta domisanitarios y cosméticos. La ANMAT y el SENASA verán sus roles de fiscalización redefinidos, centrándose en la seguridad higiénico-sanitaria y la inocuidad, pero bajo un esquema donde la validación internacional tiene peso preponderante.
"La aceptación de certificaciones internacionales constituye una medida adecuada para simplificar el comercio internacional y permitir que los productos ingresen y se comercialicen con mayor rapidez", argumenta el decreto.
Las implicaciones son enormes:
Sin embargo, el decreto no es un cheque en blanco. Excluye explícitamente armas, explosivos, mercaderías usadas, productos sin procesamiento industrial (como frutas o ganado) y medicamentos específicos. Además, se prevén sanciones severas para quienes incurran en irregularidades o falsificaciones, garantizando la protección de la salud pública y la lealtad comercial. La mantendrá un rol de control, pero bajo criterios de selectividad general y análisis de riesgo aduanero.
8 de enero de 2026
8 de enero de 2026
8 de enero de 2026
Esta medida, que entrará en vigencia en 60 días, es un claro reflejo de una política pro-mercado que busca agilizar la actividad comercial y reducir la intervención estatal, pero que indudablemente generará debates sobre el equilibrio entre la apertura y la protección de la producción local.
