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El Ministerio de Salud anuncia un incremento del 5,78% en los aranceles para prestaciones a personas con discapacidad, más un 20% adicional para la Patagonia. ¿Es suficiente para enfrentar la inflación y la emergencia declarada?
En un movimiento que genera tanto esperanza como escepticismo, el Ministerio de Salud acaba de resolver una actualización del 5,78% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Este incremento, que rige para el mes de febrero de 2026, busca compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 y enero de 2026.
La Ley N° 24.901, pilar fundamental para las personas con discapacidad, ve sus aranceles ajustados una vez más. Este 5,78% se aplica sin distinción por tipo de prestación y se suma a las actualizaciones previas. Además, se ratifica el adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, reconociendo las particularidades de la región.
La medida llega en un contexto de Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad N.° 27.793, que estipula una compensación de emergencia para cubrir la brecha inflacionaria. Para las instituciones y prestadores, este aumento es crucial para mantener la calidad de los servicios en un escenario económico desafiante. Para las familias, significa que las prestaciones deberían tener un respaldo financiero más acorde a la realidad inflacionaria, aunque la discusión siempre es si el porcentaje es realmente suficiente.
"La referida propuesta comprende establecer actualización del Nomenclador para el mes de febrero del año en curso, consistente en un incremento del CINCO CON SETENTA Y OCHO POR CIENTO (5,78 %)..."
La gran pregunta es si este ajuste será suficiente para evitar la precarización de los servicios y si se alinea con la magnitud de la emergencia declarada. Los ojos están puestos en la sostenibilidad del sistema y en el bienestar de las personas con discapacidad.
