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La Secretaría de Transporte sorprendió al prorrogar la antigüedad de miles de camiones modelos 2012, 2013 y 2014 que transportan sustancias peligrosas. ¿Un alivio para el sector o una bomba de tiempo en nuestras rutas?
En una jugada que generó tanto alivio como preocupación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía acaba de extender, hasta el 31 de diciembre de 2025, la vida útil de los vehículos modelos 2012, 2013 y 2014 dedicados al transporte de sustancias peligrosas. Esta decisión, plasmada en la Resolución 62/2024, llega tras intensos reclamos de las cámaras del sector, como CATAMP y FADEEAC, que argumentaban la inviabilidad de renovar flotas en la actual coyuntura económica.
La Ley 24.449 establece un límite de diez años de antigüedad para este tipo de unidades, con una prórroga máxima de tres años. Esta resolución utiliza esa ventana legal, permitiendo que camiones de hasta 13 años sigan circulando. La justificación oficial es que "el material rodante [...] se encuentra aún en condiciones para continuar circulando y prestando servicio, teniendo en cuenta las mejoras en la infraestructura vial, la tecnología aplicada a los rodados, y un programa de revisiones técnicas mucho más riguroso para las unidades más antiguas".
Sin embargo, la medida no viene sin condiciones. Los vehículos beneficiados deberán someterse a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en períodos de cuatro meses, en lugar de los plazos habituales. Además, los modelos 2012 caducarán definitivamente el 31 de diciembre de 2025, sin más prórrogas.
Para las empresas de transporte, esto representa un ahorro significativo al postergar la millonaria inversión en renovación de flota. En un contexto de costos elevados y escasez de unidades nuevas, es un balón de oxígeno. Pero la otra cara de la moneda es la seguridad vial: aunque se prometen controles más estrictos, la presencia de vehículos más antiguos en rutas con cargas altamente peligrosas siempre genera debate.
Esta decisión, que busca equilibrar la economía del sector con la seguridad pública, pone a prueba la eficacia de los controles y la responsabilidad de todos los actores involucrados. ¿Veremos un aumento de incidentes o la medida será un éxito en la gestión de crisis? El tiempo lo dirá.
