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El Ministerio de Salud fulminó el "Programa de Salud en Contextos de Encierro", una iniciativa de más de una década. La excusa: *falta de operatividad y evidencia*. ¿Adiós a la atención sanitaria integral para la población carcelaria?
En un movimiento que generó revuelo en los pasillos de la salud, el Ministerio de Salud de la Nación, mediante la Resolución 2/2025, decidió dar de baja el “Programa de Salud en Contextos de Encierro”. Este programa, creado en 2012, tenía como ambicioso objetivo mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas privadas de su libertad, fortaleciendo los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país.
La medida, que lleva la firma del Ministro Mario Iván Lugones, se justifica por la supuesta "falta de operatividad". Según el expediente, la resolución de 2021 que aprobaba un convenio marco con las provincias "careció de operatividad toda vez que no se ha celebrado convenio alguno". Además, critican la ausencia de "datos estadísticos, ni indicadores sanitarios" que demuestren una mejora en la toma de decisiones o en la salud de los detenidos.
Este drástico recorte implica que el Ministerio se desliga de la coordinación y el fomento de acciones conjuntas en este ámbito, dejando la responsabilidad de la salud carcelaria, de forma aún más explícita, en manos de las jurisdicciones provinciales y penitenciarías federales, que, según la propia resolución, "disponen de sistemas de salud organizados".
"La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna", subraya el texto, evidenciando una clara señal de austeridad.
La decisión genera interrogantes sobre el futuro de la atención sanitaria de una población vulnerable y plantea un debate sobre la calidad y el alcance de los servicios que ahora recaerán íntegramente en las estructuras locales. ¿Es una medida de descentralización eficiente o un retroceso en derechos? El tiempo lo dirá, pero el mensaje es claro: el Estado nacional se retira de la coordinación activa en la salud penitenciaria. Para los ciudadanos, esto significa una reconfiguración de cómo se gestiona la salud de los detenidos, un tema sensible y crucial para los derechos humanos. Sugerimos estar atentos a las políticas sanitarias provinciales en este ámbito.
