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La Subsecretaría de Obras Públicas bonaerense le bajó el pulgar a EDUARDO COLOMBI S.A. en una obra clave en Quilmes, generando un revuelo en el sector de la construcción y encendiendo las alarmas sobre el futuro de las obras públicas.
Una noticia que sacude al sector de la construcción bonaerense: la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, ha rechazado de plano la solicitud de Redeterminación Definitiva de Precios presentada por la empresa EDUARDO COLOMBI S.A.
La decisión impacta directamente en la obra "Construcción CAPS - Grupo 1.21 - Los Horneros - QUILMES - AMBA", un Centro de Atención Primaria de la Salud en el partido de Quilmes. Esta medida implica que los costos del contrato para la constructora no serán ajustados, lo que podría generar un duro golpe a su rentabilidad en un contexto inflacionario donde las empresas buscan desesperadamente actualizar sus valores para cubrir los gastos crecientes.
Para el ciudadano de a pie, esta resolución puede interpretarse como una señal de control del gasto público y un intento de la administración provincial por evitar sobrecostos en las obras. Sin embargo, para las empresas del rubro, sienta un precedente de mayor rigidez estatal en la revisión de los contratos. En un país con alta inflación, la redeterminación de precios es un mecanismo vital para que las obras no se paralicen o pierdan calidad por falta de financiamiento adecuado.
La Subsecretaría de Obras Públicas, en conjunto con las Subsecretarías de Energía y Recursos Hídricos, tiene la facultad de aprobar estas solicitudes, basándose en normativas como el Decreto N° 367/17-E y otras resoluciones. La intervención de organismos como Asesoría General de Gobierno, Contaduría General y Fiscalía de Estado en este proceso subraya la complejidad y la importancia de la decisión.
Este rechazo no solo afecta a EDUARDO COLOMBI S.A., sino que envía un mensaje claro a todas las empresas que tienen contratos de obra pública con la Provincia: las redeterminaciones no serán un cheque en blanco. Esto podría llevar a tensiones y posibles conflictos legales entre el Estado y los contratistas, o incluso a una mayor cautela de las empresas a la hora de presentarse a futuras licitaciones, recalculando riesgos de manera más conservadora.
"La medida busca proteger los fondos públicos, pero ¿a qué costo para la continuidad de las obras?", se preguntan en el sector. Estaremos atentos a las repercusiones y a si esta postura se mantiene como una tendencia en la gestión de obras públicas bonaerenses. Para los ciudadanos, es fundamental seguir de cerca cómo se desarrollan estos proyectos, ya que la calidad y finalización de infraestructuras clave dependen de este delicado equilibrio.
