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Dos decretos idénticos revelan el minucioso papeleo detrás de cada decisión provincial, mostrando cómo se mueven los hilos administrativos en el gobierno bonaerense.
Estos dos artículos, prácticamente calcados, nos sumergen en la rutina burocrática del Estado provincial. Bajo la firma del Ministro Gabriel Nicolás Katopodis, el Decreto N° 4041/96 establece una serie de pasos obligatorios para la gestión documental. En esencia, se trata de notificar al Fiscal de Estado, comunicar, incorporar la información en el Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA) y, finalmente, girar todo a la Dirección de Contrataciones de Obra Pública. Una vez cumplido este circuito, el expediente se archiva.
Este tipo de medidas, aunque no generen titulares rimbombantes, son el esqueleto que sostiene la operatividad estatal. Aseguran la trazabilidad, la legalidad y la transparencia (al menos en el registro) de cada acto de gobierno. Para el ciudadano común, significa que, detrás de cada obra o política pública, hay un proceso administrativo que debe seguirse a rajatabla. La "incorporación en SINDMA" es clave para la consulta y el acceso a la normativa. Es el backstage de la gestión, donde cada papel encuentra su lugar y se garantiza que no haya saltos en el procedimiento.
