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Desde la subrogación de un juzgado clave en Lomas de Zamora hasta una polémica aclaratoria sobre los horarios de visita en licitaciones de salud, el Boletín Oficial revela los engranajes de la administración pública bonaerense en su día a día.
Aunque no generen los mismos titulares que las licitaciones millonarias, los movimientos administrativos y de gestión son el pulso constante de la provincia de Buenos Aires. El Boletín Oficial nos trae dos ejemplos claros de cómo la burocracia se ajusta para seguir funcionando, no sin dejar algunas preguntas en el aire.
El Ministerio de Transporte, a través de la Disposición N° 23-DPAYCTAMTRAGP-2026, encomendó la subrogación del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de Lomas de Zamora (Asiento CABA). El Dr. DI BELLA, Ricardo Gabriel, quien ya está a cargo del juzgado de La Plata, tomará las riendas temporales desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2026. ¿El motivo? La licencia anual obligatoria del Juez titular, Vázquez Hernán Gonzalo (DNI N° 25.127.560, Legajo N° 71.1625). Este tipo de movimientos asegura la continuidad de un servicio clave para la seguridad vial, pero también resalta la dependencia de figuras específicas en puestos sensibles.
En el ámbito de la salud, la Disposición N° 58/2026 del Ministerio de Salud incluye una aclaratoria a la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 105-0150-LPU26. Se solicitaba extender el horario de visitas a los establecimientos para la consulta de pliegos, dado que la ausencia de personal responsable dificultaba el trámite. Sin embargo, la Dirección Provincial de Hospitales fue tajante: "se estima pertinente ratificar los horarios de visita a los establecimientos", fijados de 9:00 a 12:00 horas. La justificación es que ese horario "se encuentra directamente relacionado con el período punta operativo y al mayor volúmen de las raciones brindadas en los Servicios de Cocido".
Esta decisión, aunque se ampara en la operatividad hospitalaria, puede generar un debate sobre la transparencia y la facilidad de acceso para los oferentes, especialmente en licitaciones de gran envergadura. Restringir los horarios podría limitar la participación de interesados, afectando la competencia y, potencialmente, la obtención de mejores ofertas para el Estado. Un pequeño detalle que, en el fondo, puede tener grandes implicaciones para la gestión de los recursos públicos y la percepción de apertura de los procesos licitatorios.
