Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Economía, bajo la batuta de Luis Caputo, reconfigura los objetivos de sus Secretarías de Obras Públicas y Transporte, redefiniendo el control tutelar sobre entes clave. ¿Una movida para optimizar la gestión o un paso más en la centralización del poder?
El MINISTERIO DE ECONOMÍA ha dado un golpe de timón administrativo, modificando la estructura de sus dependencias más sensibles: la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS y la SECRETARÍA DE TRANSPORTE. El Decreto 57/2026 ajusta los objetivos de estas carteras y de la SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, redefiniendo el control tutelar sobre una docena de organismos desconcentrados y descentralizados.
Entre los cambios más resonantes, la Secretaría de Obras Públicas ahora ejercerá el control sobre el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN (TTN), el ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP) y el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA). Por su parte, la Secretaría de Transporte asumirá la supervisión de gigantes como la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV), el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) y la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.
Esta reingeniería, justificada por "razones de gestión", busca adecuar y optimizar la administración. Sin embargo, la concentración de control sobre estos entes clave en infraestructura y servicios públicos podría generar debates sobre la autonomía de los organismos y la centralización de decisiones en el ámbito económico. ¿Será este el camino para una mayor eficiencia o un riesgo de burocratización?
