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Una resolución conjunta entre el INCAA, Niñez y Educación establece un nuevo y polémico Protocolo de Calificación de Contenidos Audiovisuales, con categorías que van de "Audiencia General" a "Restringida para menores de 17 años". ¿Control estatal o resguardo de la infancia?
Un tsunami de cambios se avecina para la industria cinematográfica y, sobre todo, para los espectadores argentinos. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Educación (ambas del Ministerio de Capital Humano), han aprobado un nuevo y exhaustivo PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES a través de la Resolución Conjunta 1/2026. Esta medida, que entra en vigencia para las películas que soliciten calificación a partir del 27 de marzo de 2026, busca "garantizar la transparencia, coherencia y previsibilidad del sistema de calificación", pero ya levanta polémica sobre el alcance del control estatal sobre el arte.
El protocolo reemplaza las antiguas clasificaciones por un esquema más detallado, homologando las existentes a las nuevas:
Esta redefinición, que abarca desde la cultura hasta la educación y la protección de la minoridad, busca una "pluralidad de enfoques en la evaluación", pero la intervención conjunta de tantas carteras genera interrogantes sobre la libertad creativa y el posible sesgo ideológico en la calificación.
Desde el gobierno, se argumenta que el sistema es necesario para "prevenir a los adultos sobre su contenido" y establecer la "aptitud de las mismas para ser vistas por menores". Sin embargo, para la industria y algunos críticos, la creación de un protocolo tan detallado y la unificación de criterios entre organismos tan diversos podría abrir la puerta a una mayor regulación y control sobre los contenidos, lo que muchos interpretan como una forma sutil de censura. La obligación del INCAA de dictar "disposiciones operativas, instructivos técnicos y normas aclaratorias" para la implementación, y la "revisión periódica de los indicadores" por parte de los organismos competentes, sugiere un sistema en constante vigilancia.
La resolución indica que el objetivo es asegurar la "adecuada articulación de políticas públicas", pero la sombra de la intervención estatal en la cultura siempre genera debate.
Los cineastas y productores deberán adaptarse a estas nuevas reglas, que podrían influir en la concepción y distribución de sus obras. Para los padres, la promesa es de mayor claridad, pero la discusión sobre quién decide qué es apropiado para ver, y con qué criterio, está más viva que nunca.
