Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. logró una primera redeterminación de precios que engrosa en casi 20 millones de pesos su contrato de limpieza con el Patronato de Liberados Bonaerense, un claro reflejo del impacto de la inflación en las arcas públicas.
El Patronato de Liberados Bonaerense, un organismo clave en la reinserción social, acaba de aprobar una primera redeterminación de precios para el servicio de limpieza que contrató con la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. La Resolución N° 27-PALB-2026, firmada en La Plata, Buenos Aires, el 18 de febrero de 2026, revela que el contrato original, valuado en $150.325.560,00, sufrió un incremento de $19.337.880,04, elevando el monto total a $169.663.440,04. Esto representa un aumento del 12,86% respecto al valor inicial.
Este ajuste se enmarca en la Contratación Directa por Excepción N° 1/2024, para el servicio de limpieza en diversas dependencias del Patronato por un período de doce meses. La redeterminación de precios es un mecanismo legal que permite ajustar los valores de los contratos públicos frente a la variación de los costos (léase, inflación), asegurando que los proveedores puedan seguir prestando los servicios sin incurrir en pérdidas. Sin embargo, cada ajuste es un nuevo golpe al presupuesto estatal.
Para el ciudadano, este tipo de resoluciones son un termómetro de la salud económica del país. Muestran cómo la inflación no solo afecta el bolsillo de los individuos, sino que también impacta directamente en las finanzas públicas, encareciendo los servicios básicos que el Estado debe garantizar. Para las empresas proveedoras, es una herramienta indispensable para mantener la rentabilidad en un contexto de inestabilidad económica.
"Cada peso extra en un contrato estatal es un eco de la inflación que resuena en toda la economía, afectando la planificación y el gasto público."
Es fundamental que estos procesos se realicen con la máxima transparencia y justificación, para evitar cualquier tipo de suspicacia sobre el manejo de los fondos públicos. La Ley N° 13.981 y el Decreto Reglamentario N° 59/19 son el marco legal que rige estas redeterminaciones, buscando un equilibrio entre la necesidad de ajustar los costos y la protección del erario público.
