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El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad adjudicó una contratación directa por una cifra impactante para el mantenimiento de su flota de autoelevadores, generando interrogantes sobre la gestión de precios y la agilidad de los procesos administrativos en Buenos Aires.
Una disposición que pasó casi desapercibida en el Boletín Oficial bonaerense revela una adjudicación directa por la friolera de $142.800.000,00 a la firma PARISE MARTIN JOSE. ¿El objetivo? Garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de autoelevadores del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. La medida, que se extiende por seis meses con posibilidad de duplicar el monto y el plazo, se da en el marco de una "Contratación Directa - Contratación Menor N° 1/2026", un mecanismo que suele generar debate por su flexibilidad.
Lo que llama la atención es el proceso de validación de precios. Mientras la Comisión Asesora de Preadjudicaciones aconsejó el monto final, la Dirección de Compras y Contrataciones admitió que los valores de referencia del Organismo Provincial de Contrataciones, publicados en septiembre de 2025, "se encuentran desactualizados" al momento de la apertura de ofertas en enero de 2026. En su lugar, se tomaron como base presupuestos solicitados a fines de noviembre de 2025. Esto subraya la velocidad de la inflación en Argentina y cómo impacta hasta en los trámites más rutinarios, obligando a las autoridades a "actualizar" los precios en tiempo récord, aunque sea con presupuestos previos a la licitación.
Si bien es un trámite administrativo, la magnitud del monto y la naturaleza del servicio son cruciales. Los autoelevadores son la columna vertebral de la logística para la distribución de asistencia en programas comunitarios. Mantenerlos operativos es vital para que las ayudas lleguen a quienes las necesitan. La posibilidad de incrementar el contrato en un 100% por "incremento de la flota o aumento del deterioro por uso excesivo ante eventos extraordinarios" deja una puerta abierta a futuras erogaciones significativas. Este tipo de disposiciones, aunque técnicas, son un reflejo de la compleja maquinaria estatal y la necesidad de transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos, especialmente en un contexto económico volátil.
"La adjudicación resultó conforme artículo 5° de la Resolución OPC N° 17/2022 y su modificatoria N° 29/2023", se aclara, buscando legitimar el procedimiento en un entorno donde cada peso cuenta.
