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El Gobierno ratificó la rescisión parcial de un contrato de $151 millones con PERCLES S.A. por incumplimiento en la entrega de vestuario para las Fuerzas Armadas. La empresa deberá afrontar una multa millonaria y la ejecución de garantías.
El Presidente de la Nación Argentina decreta: Recházase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto por la firma PERCLES S.A. contra la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA N° 1432 del 27 de septiembre de 2023.
Un verdadero golpe para la compañía PERCLES S.A. (CUIT N° 30-65912416-1). El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1099/2024, ha rechazado de manera contundente el recurso jerárquico presentado por la firma, ratificando la rescisión parcial de un contrato millonario con el Ministerio de Defensa.
El telón de fondo es una Licitación Pública N° 1/2021 para la "Adquisición de Vestuario para FFAA y EMCFFAA", donde PERCLES S.A. había sido adjudicataria de varios renglones por un total de $151.131.946. Sin embargo, la empresa incumplió con la entrega de vestuario en los renglones Nros. 22, 25, 27, 28 y 31, cuyo plazo de entrega había expirado el 9 de mayo de 2022.
La resolución del Ministerio de Defensa N° 1432/2023, ahora confirmada por el Presidente, no solo rescindió parcialmente la orden de compra, sino que ordenó ejecutar la garantía por pago anticipado por la friolera de $78.939.349 y aplicó una penalidad de $7.893.934,90 (el diez por ciento de las prendas no entregadas).
PERCLES S.A. intentó defenderse argumentando que la extensión de plazos otorgada a otros adjudicatarios del sector textil debía interpretarse como un reconocimiento de "caso fortuito y fuerza mayor" general. No obstante, el Ejecutivo fue implacable: la presentación de la oferta implicaba "el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección".
Este caso es un claro mensaje sobre la rigurosidad en las contrataciones estatales y las consecuencias del incumplimiento. Para PERCLES S.A., representa un duro revés financiero y reputacional, mientras que para el Estado, refuerza la aplicación de las normativas de control y la exigencia a sus proveedores.
