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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense aprobó dos contratos de locación de obra por más de 14 millones de pesos. ¿Quiénes son los beneficiados y para qué fines?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires ha encendido las alarmas con la publicación de dos resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que aprueban contratos de locación de obra por cifras millonarias. La transparencia de la gestión pública vuelve a estar bajo la lupa mientras se destinan importantes fondos a consultorías o servicios externos.
La Resolución Nº 357-MJYDHGP-2026 da luz verde a un contrato con Alejandra Verónica SANTUCHO (DNI 17.838.370), por un monto de $5.400.000,00. Este contrato, gestionado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Dr. Matías Facundo MORENO, se imputará al Presupuesto General Ejercicio 2026. Aunque el objeto específico no se detalla en el extracto, se refiere a la 'cláusula primera del instrumento contractual', que se presume disponible en el SINDMA.
No menos impactante es la Resolución Nº 358-MJYDHGP-2026, que aprueba otro contrato de locación de obra, esta vez con Norma Beatriz LEITES (DNI 16.369.377), por una suma aún mayor: $9.000.000,00. En este caso, la gestión estuvo a cargo del Subsecretario de Justicia, Dr. Inti Nahuel PEREZ AZNAR, y también se cargará al Presupuesto General Ejercicio 2026.
Estos dos contratos suman un total de $14.400.000,00 en fondos públicos destinados a "locaciones de obra". Es crucial que el detalle de estos servicios sea accesible y que se justifique la necesidad de externalizar tareas que, en algunos casos, podrían ser cubiertas por personal de planta. La intervención de la Dirección Provincial de Personal para constatar la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades es un paso necesario, pero no exime de la exigencia de una rendición de cuentas clara sobre la efectividad y el valor agregado de estos servicios. El contexto de un presupuesto ajustado y demandas sociales crecientes hace que cada peso invertido deba ser justificado con la máxima rigurosidad. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero y si estos contratos realmente contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de justicia y derechos humanos en la provincia. Recomendamos consultar el Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA) para acceder a los anexos de estas resoluciones y obtener más detalles.
