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El Ministerio de Capital Humano homologó acuerdos que avalan suspensiones con pagos reducidos en empresas clave del sector automotor, esquivando el Procedimiento Preventivo de Crisis. Una señal alarmante sobre la salud de la industria nacional.
La situación en la industria automotriz argentina se puso tensísima tras la homologación de varios acuerdos que, en la práctica, significan suspensiones masivas de personal bajo el controvertido artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Empresas de peso como Automóviles San Jorge S.A., Seoul Motor S.A. y Alra S.A., junto al poderoso Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), sellaron pactos que permiten suspender trabajadores con el pago de una prestación no remunerativa.
Lo más impactante es que estos acuerdos se convalidan sin la necesidad de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) formal, un trámite que suele ser una barrera protectora para los empleados. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, consideró que el consentimiento sindical es un "reconocimiento tácito" de la crisis, lo que evita el "dispendio de actividad" de un PPC completo.
“Es un atajo legal que, si bien busca preservar los puestos de trabajo, expone la fragilidad del sector y el poder de negociación en un contexto de crisis”, deslizó un analista.
Esta medida afecta directamente a la industria del transporte y la manufactura automotriz, reflejando un panorama sombrío para un sector clave de la economía. Es un claro indicio de las turbulencias económicas que atraviesan estas empresas, empujando a los gremios a aceptar condiciones que, en otros momentos, serían impensables con tal de mantener las fuentes de empleo. La pregunta es: ¿hasta cuándo podrán sostenerse estos "parches" sin un plan de fondo?
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