¡CRISIS Y SUSPENSIONES MASIVAS! Gigante de la construcción en la cuerda floja

Una bomba estalló en el sector de la construcción: el Ministerio de Capital Humano, a través de la Disposición 445/2024, acaba de homologar los acuerdos de suspensión de personal para la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED –ELECTROINGENIERA S.A.- HIDROCUYO S.A. y la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA).

Estos acuerdos, enmarcados en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, prevén el pago de una prestación no remunerativa durante el período de suspensión. Lo más alarmante es que la propia disposición señala que, ante el consentimiento sindical, "se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa", evitando así el procedimiento preventivo de crisis formal que exige la Ley 24.013. Esta frase es un disparador de alarmas sobre la situación económica de estas compañías y, por ende, del futuro de grandes obras de infraestructura.

Las suspensiones impactan en miles de trabajadores, cuyos listados se encuentran adjuntos a los expedientes. Si bien se busca "preservar los puestos de trabajo", la realidad es que los empleados enfrentarán una reducción de ingresos y la incertidumbre de sus empleos a futuro. El carácter no remunerativo de la prestación significa que no computa para cargas sociales ni otros beneficios, afectando indirectamente el bienestar a largo plazo de los trabajadores.

Para el sector de la construcción, especialmente para las empresas involucradas en grandes proyectos, esta medida es un claro indicador de dificultades financieras o paralización de obras. China Gezhouba Group y Electroingeniería son actores clave en infraestructura, y sus suspensiones resuenan en toda la cadena de valor.

"El reconocimiento tácito de la crisis es una señal gravísima para la economía. Indica que la situación es tan evidente que no fue necesario pasar por el procedimiento legal completo", analizan economistas.

La medida, aunque intenta mitigar el impacto, expone la fragilidad de un sector sensible a la inversión pública y privada.