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El Ministerio de Cultura de CABA dio luz verde a una batería de contratos para servicios artísticos. Una movida rutinaria que inyecta fondos al sector, pero que, por su falta de detalles, abre interrogantes sobre la transparencia en la gestión cultural.
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires se inundó con una serie de resoluciones del Ministerio de Cultura (MCGC), que aprobó múltiples contratos de locación de servicios artísticos. Esta cascada de aprobaciones es el motor silencioso que mantiene en marcha gran parte de la maquinaria cultural de la capital, confirmando el compromiso del gobierno porteño con el sector. En la práctica, significa que artistas, productores y técnicos recibirán los pagos correspondientes por sus trabajos, ya sean espectáculos, talleres, exposiciones o eventos culturales que forman parte de la agenda de la Ciudad.
Para el ciudadano de a pie, estos movimientos administrativos se traducen en la disponibilidad de una oferta cultural diversa y gratuita o a precios accesibles en los distintos espacios gestionados por el Ministerio. Sin embargo, la falta de detalles específicos en los avisos oficiales —como nombres de los artistas, montos de los contratos o tipo de servicio— genera interrogantes sobre la transparencia y la asignación de recursos.
"Si bien es fundamental apoyar la cultura, la opacidad en la publicación de estos contratos impide un control ciudadano efectivo sobre el destino de los fondos públicos", podría decir un observador crítico.
El contexto es el de una gestión cultural activa que, año tras año, requiere de estas aprobaciones para operar. La implicancia principal es la continuidad del apoyo estatal al arte, pero también la oportunidad perdida de ofrecer mayor claridad sobre cómo se invierte el dinero de todos. Es crucial que los ciudadanos y el sector cultural exijan más información para entender el impacto real de cada peso invertido.
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