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El gobierno de Milei ratifica el rechazo a la promoción de una empleada pública al Nivel A del SINEP, agotando la vía administrativa tras una larga disputa por requisitos de especialización. ¿Justicia o burocracia implacable?
En una movida que pone fin a una saga burocrática de larga data, el Gobierno Nacional, a través del Decreto N° 1102/2024 firmado por el Presidente Javier Milei y la Ministra Sandra Pettovello, rechazó de manera definitiva el recurso jerárquico presentado por la señora Claudia Fabiana Beierbach. La empleada, con DNI N° 20.561.411, buscaba su tan ansiado ascenso al Nivel A del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), un cargo que exige especialización avanzada y experiencia de alto nivel.
La historia comenzó cuando el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mediante la Resolución N° 1120/23, le negó la promoción, argumentando que no cumplía con los requisitos excluyentes del Nivel A. Beierbach no se quedó de brazos cruzados y apeló, alegando un trato desigualitario y discriminatorio, y que la decisión carecía de fundamento legal. Insistió en su formación y en las tareas que realiza, que, según ella, eran más que suficientes para el puesto.
'...tratándose de cuestiones técnicas, el análisis jurídico debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia de que se trate...' - Procuración del Tesoro de la Nación
Sin embargo, tanto el Comité de Valoración como la Oficina Nacional de Empleo Público y, posteriormente, el Ministerio de Capital Humano, ratificaron la postura original. La clave del rechazo, según las autoridades, radica en que Beierbach no acreditaba la especialización avanzada ni las funciones pertinentes requeridas por el Artículo 14 del Decreto N° 2098/08 que regula el SINEP, además de no cumplir con los estándares de carga horaria y rigor técnico.
Este decreto no solo cierra un capítulo para la señora Beierbach, sino que también envía una señal clara sobre la rigidez de los requisitos para ascender en la carrera administrativa estatal. La medida subraya la importancia de cumplir estrictamente con los perfiles y la formación exigida, y la poca flexibilidad del sistema ante reclamos individuales, incluso cuando se argumenta desigualdad.
Para los ciudadanos comunes, esto es un recordatorio de la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos en Argentina. La vía administrativa ha sido agotada, lo que significa que la empleada ahora tiene un plazo de Ciento Ochenta (180) días hábiles judiciales para interponer una acción legal si decide llevar su reclamo ante la justicia. La burocracia, una vez más, muestra sus dientes.
