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El Poder Ejecutivo Nacional rechazó los recursos jerárquicos de tres agentes civiles de la Armada Argentina que buscaban modificar su reencasillamiento escalafonario de 2017, confirmando la correcta aplicación de la normativa vigente. La vía administrativa para estos reclamos ha sido agotada.
El Boletín Oficial publicó hoy tres decretos que ponen fin a una serie de reclamos administrativos iniciados por personal civil de la Armada Argentina en relación con su reencasillamiento escalafonario. Los agentes Andrea Beatriz BARGAS, Hernán Javier TAPIA y Darío Enrique AMORES habían interpuesto recursos jerárquicos contra la Resolución del Ministerio de Defensa N° 614 del 14 de julio de 2017, que dispuso su reubicación en distintos agrupamientos, niveles y grados.
Los tres agentes, empleados de planta permanente de la Armada, sostenían haber sido erróneamente reencasillados en sus respectivas categorías (Mantenimiento y Servicios para BARGAS, Técnico para TAPIA y AMORES), basándose en su antigüedad, funciones o formación. Estos reclamos se enmarcaban en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, homologado por el Decreto N° 2539/15.
El Gobierno, a través de los Decretos 336/2026, 337/2026 y 339/2026, rechazó de manera definitiva estos recursos. La decisión se fundamenta en un exhaustivo análisis de los antecedentes y la aplicación de los artículos 132 a 140 del mencionado Convenio Colectivo, junto con la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Según el análisis oficial, los reencasillamientos originales se realizaron correctamente, respetando principios como la jerarquización, capacitación y trato igualitario.
"Se encuentra acreditado que el incoante poseía, al 31 de octubre de 2016, una antigüedad en la Administración Pública Nacional de VEINTISIETE (27) años, DOS (2) meses y VEINTINUEVE (29) días. Que al aplicar la ecuación del mencionado artículo 135 se puede determinar que el recurrente se encuentra debidamente reencasillado en el Grado 9."
Con esta medida, la vía administrativa para los reclamos de BARGAS, TAPIA y AMORES queda agotada. Esto significa que los agentes tienen ahora la posibilidad de iniciar acciones judiciales si así lo desean, disponiendo de un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales a partir de la notificación de estos decretos. La intervención de la Oficina Nacional de Empleo Público del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, junto con los servicios jurídicos de la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa, respalda la legalidad de la decisión.
Esta serie de resoluciones subraya la firmeza del Estado en la aplicación de los marcos normativos vigentes para la administración de su personal, especialmente en lo que respecta a los convenios colectivos de trabajo que rigen las condiciones laborales en el sector público. Para los ciudadanos, estos actos reflejan la complejidad y los plazos de los procesos administrativos internos del Estado, y la importancia de conocer los canales para la defensa de derechos laborales.
