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El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aprobó un Digesto Normativo que simplifica y unifica la regulación del sector, derogando normativas obsoletas y abrazando la digitalización. Menos papeleo y más declaración jurada prometen agilizar la industria, pero ¿qué tan estricto será el control posterior?
¡Brindis por la simplificación! El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dependiente del Ministerio de Economía, ha dado un paso audaz para modernizar el sector con la aprobación de su Digesto Normativo a través de la Resolución 37/2025. Esta medida, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, busca "optimizar su marco de aplicación, agilizar procedimientos y eliminar requisitos innecesarios".
La principal novedad es la derogación de un sinfín de resoluciones anteriores (detalladas en el Anexo II), consolidando un régimen "unificado e integral". El objetivo es claro: "brindar mayor seguridad jurídica al sector, fortalecer la transparencia institucional y optimizar la gestión pública".
En la práctica, esto significa la incorporación de "mecanismos digitales y de declaración jurada" para la certificación analítica, la genuinidad y la libre circulación de los productos vitivinícolas. La idea es "eliminar requisitos presenciales o duplicados que no aportan valor agregado al control técnico".
El INV asegura que esta adecuación "mantiene los estándares de calidad y seguridad previstos en la legislación vigente", pero lo hará mediante un "esquema de fiscalización posterior y basada en riesgos". Esto implica que, en lugar de controles preventivos exhaustivos, se confiará más en la responsabilidad de los operadores y se intensificará la supervisación a posteriori, enfocándose en los puntos críticos.
"Esta adecuación mantiene los estándares de calidad y seguridad previstos en la legislación vigente, haciendo eficaz su instrumentación mediante un esquema de fiscalización posterior y basada en riesgos."
La medida abarca a todos los actores de la cadena vitivinícola: desde productores primarios de uvas hasta establecimientos elaboradores, bodegas, fraccionadores, comercializadores, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios enológicos. Es un cambio de paradigma que busca desburocratizar una industria clave para la economía regional, alineándose con las políticas de "simplificación y desburocratización" del Gobierno Nacional. Los vitivinicultores esperan que esta "modernización del Estado" se traduzca en mayor competitividad y agilidad para un sector con tanto potencial. ¿Será el fin de las trabas y el inicio de una nueva era para el vino argentino?
19 de agosto de 2025
19 de febrero de 2026
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