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El gobierno oficializó los montos para el aporte de campaña electoral del 26 de octubre de 2025. Más de $13.200 millones de pesos del Estado se destinarán a los partidos que buscan bancas en el Congreso. ¿Quién se lleva la tajada más grande de este festival de fondos públicos?
¡Atención, ciudadanos! La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Vicejefatura del Interior, ha sacudido el tablero político al determinar el monto global para el aporte de campaña de cara a las próximas Elecciones Legislativas, programadas para el 26 de octubre de 2025. Y las cifras, como siempre, son para el infarto: se destinarán nada menos que $8.815.610.700,67 para los candidatos a DIPUTADOS NACIONALES y unos jugosos $4.407.805.350,33 para los aspirantes a SENADORES NACIONALES.
En total, estamos hablando de un reparto que supera los 13.200 millones de pesos de fondos públicos que irán directamente a las arcas de los partidos políticos para financiar sus campañas. Esta medida, amparada en la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, busca que el Estado contribuya al "normal funcionamiento" de las agrupaciones, permitiéndoles realizar sus campañas primarias y generales.
¿Cómo afecta esto a la sociedad? Este dinero es la savia que alimenta la maquinaria electoral. Permite a los partidos difundir sus propuestas, movilizar militantes y, en definitiva, intentar captar el voto. Sin embargo, la magnitud de estas cifras siempre reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos y la equidad electoral. Mientras algunos defienden el financiamiento estatal como una forma de democratizar la competencia y reducir la dependencia de aportes privados, otros critican el gasto en un contexto de constantes demandas sociales y económicas.
La Dirección Nacional Electoral será la encargada de distribuir estos siderales montos entre las agrupaciones y, crucialmente, de efectivizar las sanciones que imponga la Justicia Nacional Electoral. Su rol será clave para fiscalizar que cada peso se utilice conforme a la ley. Para el ciudadano de a pie, es fundamental estar atento y exigir rendición de cuentas sobre cómo se invierte esta fortuna, que sale directamente de nuestros impuestos, en la puja por el poder legislativo.
