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El Ministerio de Salud actualiza en un magro 5,78% los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad. Un incremento que llega en un contexto inflacionario, ¿será suficiente para los prestadores y familias?
En un movimiento que busca dar un respiro a un sector siempre golpeado, el Ministerio de Salud ha resuelto un incremento del 5,78% en los aranceles de las Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Esta actualización, que rige para el mes de febrero de 2026, se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 y enero de 2026.
La medida, plasmada en la Resolución 340/2026, surge de una propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y se enmarca en la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. Esta ley, crucial para el sector, estipula que la compensación de emergencia debe incluir la diferencia entre los valores de los aranceles y el IPC, buscando proteger el poder adquisitivo de las prestaciones. Además, se ratifica un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en la zona patagónica, reconociendo los mayores costos operativos en esa región.
Este ajuste llega tras actualizaciones previas en octubre, noviembre y diciembre de 2024, y otra en octubre de 2025, que también buscaron mitigar el impacto de la inflación. Sin embargo, la pregunta que resuena en las familias y entre los prestadores es si este 5,78% es realmente suficiente para cubrir el aumento de costos y garantizar la calidad de los servicios en un país con alta inflación. Para las personas con discapacidad y sus cuidadores, cada ajuste, por pequeño que sea, es fundamental para sostener tratamientos y terapias que son vitales. Es una medida necesaria, pero la sostenibilidad del sistema sigue siendo un desafío constante.