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Una serie de empresas, desde automotrices hasta metalúrgicas, sellan acuerdos de crisis con sindicatos para suspender personal con prestaciones no remunerativas, esquivando el Procedimiento Preventivo de Crisis.
Un patrón preocupante emerge del Boletín Oficial de hoy: la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano ha homologado una serie de acuerdos colectivos que permiten a diversas empresas suspender a su personal, abonando una prestación no remunerativa en el marco del polémico artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). Esta figura legal, que permite a las empresas enfrentar crisis sin despidos masivos, implica que los trabajadores afectados perciben una suma de dinero que no computa para jubilación, aguinaldo ni vacaciones en su totalidad, un golpe directo a su bolsillo y a sus derechos futuros.
Lo más llamativo es que el Ministerio ha convalidado estos acuerdos argumentando un 'reconocimiento tácito a la situación de crisis' por parte de los sindicatos. Esta interpretación les permite evitar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un paso formal y más riguroso exigido por la Ley N° 24.013, que busca garantizar un análisis exhaustivo antes de aplicar medidas que afecten a los trabajadores. Esta 'flexibilización' burocrática acelera los procesos para las empresas, pero genera interrogantes sobre la real magnitud de la crisis y la capacidad de negociación de los trabajadores.
Las empresas involucradas son un termómetro de la situación económica, reflejando dificultades en varios sectores clave:
Para los trabajadores, esto significa una reducción de ingresos y una incertidumbre laboral latente, aunque se preserve el puesto. Para las empresas, es una forma de descomprimir costos fijos en un escenario recesivo. El Gobierno, al homologar rápidamente estos pactos, parece priorizar la "preservación de los puestos de trabajo" a cualquier costo, incluso si implica resignar parte de los derechos laborales y de la formalidad de los procedimientos de crisis. Los ciudadanos deben estar atentos: estas suspensiones son un indicador claro de la desaceleración económica que golpea a sectores clave.
