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La Superintendencia de Servicios de Salud designa un Administrador Provisorio para la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, tras un fallo judicial que revocó la restitución de sus autoridades originales, manteniendo la intervención por graves irregularidades.
¡Bomba en el sistema de salud! La Superintendencia de Servicios de Salud ha desatado una nueva crisis en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (R.N.A.S. Nº 1-1930-2) al designar al Dr. César Augusto LOCOCO (D.N.I. Nº 17.540.178) como Administrador Provisorio. Esta medida explosiva llega después de un derrotero judicial que dejó al descubierto un panorama desolador: la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó la restitución de las autoridades originales de la obra social, manteniendo la intervención por la alarmante hipótesis de "administración fraudulenta".
El fallo judicial es contundente: no se desvirtuó el "peligro en la demora" ni disminuyó la "verosimilitud del derecho" que motivaron las medidas cautelares iniciales. La supuesta mejora económico-financiera de la entidad no fue suficiente para neutralizar el origen penal de la suspensión, y lo que es peor, no se produjeron pruebas que descartaran la hipótesis de fraude. La obra social, que ya arrastraba un historial de "grave deterioro institucional, económico-financiero y prestacional, con elevados niveles de litigiosidad y endeudamiento", se encuentra en una encrucijada crítica.
La designación de Lococo es una medida de emergencia. El plazo de la intervención anterior había vencido y, ante la necesidad de una formal designación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, se configuró un vacío funcional que ponía en riesgo la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales. La Superintendencia actúa para evitar un colapso total, garantizando que los beneficiarios, muchos de ellos trabajadores rurales, no queden desamparados. Esta es una clara señal de la fragilidad de ciertos actores del sistema de salud y de la implacable mano del Estado cuando la protección de la salud pública está en juego. La designación es transitoria y cesará automáticamente cuando el Poder Ejecutivo nombre al interventor definitivo, pero el mensaje es claro: la lupa sobre las obras sociales está más activa que nunca.
